La Cámara de Comercio de Ceuta ha reaccionado ante la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la supuesta rectificación al Real Decreto 1/2023 que cambiará el régimen de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social del que vienen disfrutando las empresas y los trabajadores de Ceuta desde hace casi 20 años. Y lo ha hecho para mostrarse especialmente crítica con la medida que supone, según su interpretación, directamente un incremento de costes y burocracia para las empresas además de dejar fuera del régimen de ayudas a los trabajadores temporales que nutren los picos de actividad en sectores claves como el comercio o la hostelería.

Para la Cámara las nuevas ayudas “no dan respuesta a las demandas exigidlas por el sector empresarial”. “Todos los agentes sociales, no sólo empresariales, hemos estado demandando una rectificación a este Real Decreto al objeto de que se volviera a la situación actual, por la cual las empresas liquidaban mensualmente y de manera automática sus seguros sociales con una bonificación del 50 por ciento. Estas bonificaciones constituyen uno de los pilares básicos de nuestro Régimen Económico y Fiscal y suponen una de las herramientas más eficaces para la conservación de la economía y el empleo y clave para la atracción de nuevas inversiones y empresas”, repasa la Cámara en un comunicado.

Y a pesar del consenso entre sindicatos, empresarios e incluso fuerzas políticas en la necesidad de anular la reforma que se aprobó en enero para dejar que las cosas funcionaran igual que lo han venido haciendo durante las últimas dos décadas, entiende la Cámara que la medida no supone la “rectificación” a lo aprobado en enero, “sino que para paliarla se ha publicado un Real Decreto de ayudas directas para complementar estas bonificaciones hasta el 50 por ciento. Estas ayudas no pueden constituirse en la solución al problema”.

¿Por qué entiende la Cámara que no solucionan nada? Entre otras razones por “su carácter excepcional”, quizás lo más preocupante de todo es que acaba por convertir un derecho de trabajadores y empresas que se había venido consolidando durante dos décadas en algo excepcional con un horizonte temporal concreto a partir del cual sólo habría más incertidumbre: 2026.

“En el Real Decreto que las regula deja muy claro que estas ayudas tienen un carácter excepcional y temporal, manteniéndose hasta que finalice la vigencia de los Planes Integrales de Desarrollo Socioeconómico de las Ciudades de Ceuta y Melilla, es decir, en 2026. Este carácter excepcional y temporal deja a las claras el espíritu legislador, el cual no reconoce nuestro pleno derecho en el tiempo de tener unas bonificaciones al 50 por ciento como hasta ahora. Se implanta una solución temporal de tres años para pasar posteriormente a lo planteado por el Gobierno para Ceuta, una bonificación de 262 euros por trabajador indefinido a jornada completa”, explica la Cámara en su comunicado.

Este cambio sustancial supone para la Cámara “limitar la credibilidad de nuestro Régimen Fiscal”. Para la entidad empresarial la “reforma pone en entredicho la estabilidad y seguridad de la que hasta ahora hemos hecho gala de nuestro Régimen Económico y Fiscal y que ha permitido la atracción y consolidación de nuevas empresas. El carácter excepcional de estas ayudas no permite la consolidación del Régimen y abre una puerta a la especulación sobre lo que ocurrirá dentro de tres años, generando desconfianza, que es lo contrario de lo que Ceuta necesita para seguir creciendo y atrayendo nuevas inversiones”.

Y a esa inseguridad, enemiga de las inversiones empresariales, se suma que de facto a partir de septiembre las empresas tendrán que hacer frente a nuevos gastos que directamente, entiende la Cámara, supondrá “una merma en la tesorería de las empresas. Son ayudas que se solicitan a año vencido, es decir, las empresas tendrán que abonar el cien por cien de la cuota de la Seguridad Social durante todo el año y a partir de febrero solicitar al SEPE la subvención. Dado que el plazo de resolución es de tres meses, tendrán que esperar hasta como mínimo mayo para cobrarlas. Esto puede suponer una quiebra en las tesorerías de las empresas”, apunta la Cámara.

Y el mayor coste empresarial no estará sólo en ese incremento en los costes de Seguridad Social, que de momento han de asumir, vendrá también por la necesidad de hacer frente a una mayor burocracia. “El hecho de pasar de bonificación a subvención supone que se tenga que aplicar la Ley General de Subvenciones. Esto conlleva como mínimo, una solicitud en el modelo que establezca el SEPE, una resolución por parte de la administración, una aceptación, etc. Un incremento burocrático para los departamentos de administración de las empresas y que muchos autónomos y pequeñas empresas no podrán hacer y tendrán que recurrir a expertos con el sobrecoge correspondiente”.

Y otro estrago más que se prevé del nuevo modelo: “No contempla las ayudas para los trabajadores temporales. El régimen actual permite la bonificación de los trabajadores temporales. Tanto el nuevo régimen que entrará en vigor el 1 de septiembre como las ayudas publicadas hoy no contemplan que los trabajadores que se contraten de forma temporal tengan esta bonificación. Esto repercutirá directamente en el empleo en sectores que requieren de personal para el desarrollo de tareas ocasionales o con picos de trabajo como el comercio o la hostelería”, recuerda la Cámara.

Son sectores que sumados acaparan un porcentaje muy notable de la generación de empleo en el sector privado de la ciudad, aproximadamente 1 de cada 3 trabajadores.

Ante esta perspectiva, la Cámara suma su voz a la necesidad de insistir en la reforma del Real Decreto 1/2023 que ha ocasionado todo este desaguisado para “mantener nuestro régimen de bonificaciones actuales y consolidar nuestro Régimen Económico y Fiscal, aspecto fundamental para mantener el empleo y seguir trabajando para atraer nuevas empresas e inversiones que garanticen el futuro económico de Ceuta y los ceutíes”.