REUNIÓN

Cámara y CECE fijan agosto como fecha tope para clarificar la conveniencia del nuevo régimen de bonificaciones

Cámara y CECE fijan agosto como fecha tope para clarificar la conveniencia del nuevo régimen de bonificaciones
A la izquierda, Arantxa Campos; a la derecha, Joaquín Mollinedo
A la izquierda, Arantxa Campos; a la derecha, Joaquín Mollinedo / Alejandro Castillo
Los representantes de los empresarios ceutíes han acordado solicitar datos a la Tesorería de la Seguridad Social para saber qué medidas habrían de aplicarse de cara a la inminente entrada en vigor del nuevo real decreto regulador

El Gobierno local ha reunido este 26 de julio postelectoral a los habituales integrantes de la Mesa de Diálogo Social para abordar la cuestión que, sin lugar a dudas, ha marcado el devenir de lo que llevamos de 2023: las (manidas) bonificaciones a la Seguridad Social.

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Juan Vivas y Kissy Chandiramani, durante una reunión de la Mesa de Diálogo Social / Alejandro Castillo

Fue hace escasamente una semana cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez recuperó parcialmente el régimen previo al que entraría en vigor en suelo caballa el próximo 1 de septiembre. Lo hizo a golpe de decreto y sin terminar de contentar a nuestros empresarios, que no tardaron en salir a la palestra para mostrar su preocupación por lo que podría llegar a suponer un grave perjuicio para nuestra ya de por sí maltrecha economía.

Patronal y sindicatos han discutido hoy con Juan Vivas y parte de su Gabinete acerca de las implicaciones que podría acarrear el nuevo e incierto escenario. "Todos hemos coincidido en que necesitamos datos que refrenden la opinión que tiene el Gobierno central de que se va a mejorar nuestro anterior sistema", explicaba la presidenta de la Confederación de Empresarios, Arantxa Campos, que ve en "el mes de agosto" la fecha tope para "encontrar una solución".

Del lado de la Cámara de Comercio, los postulados son bastante similares a los de sus colegas de la CECE. Joaquín Mollinedo aseguraba al término del encuentro que ha reunido a todos los agentes sociales que "existe un ambiente de cooperación". "Hemos acordado solicitar datos a la Seguridad Social para saber qué medidas tendríamos que aplicar de cara a la entrada en vigor del nuevo real decreto", aclaraba el secretario del organismo cameral.

Conscientes de que "un Gobierno en funciones tiene limitada su capacidad legislativa", Cámara y Confederación quieren intentar, al menos, "minimizar en impacto de la nueva norma". Los de Karim Bulaix, no en balde, no esconden su pretensión de ir un paso más allá. "Vamos a seguir reivindicando la derogación del actual decreto para volver al anterior régimen", detallaba Mollinedo.

Dado que, hoy por hoy, Moncloa parece estar atada de pies y manos hasta para hacer de interlocutor, tendrá que ser la Dirección Provincial de la Tesorería de la Seguridad Social la que mueva ficha próximamente. "Les hemos pedido información para poder tener una base hasta que consigamos otra cosa", remataba el segundo de a bordo de la Cámara.

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