La sintonía parece buena: empresarios y sindicalistas han quedado este 6 de septiembre históricamente alineados a cuenta del nuevo régimen de bonificaciones. Cámara y CECE harán acto de presencia este próximo viernes en la que será la primera reunión de la comisión técnica que se encargará de valorar -datos mediante- los efectos que la ya vigente reglamentación llevará aparejada.

Asentada la idea de que el denominado 'Real Decreto 660/2023' traerá consigo más perjuicios que beneficios, los empleadores ceutíes quieren "elaborar una hoja de ruta con la que acabar con la nueva ley", a la que Arantxa Campos se ha referido como "no deseable". Y es que, desde la Confederación, entienden que "la mejor opción pasa por mantener la bonificación del 50%".

En la misma línea, la plana mayor de la Cámara de Comercio cree que "los números no justifican la sustitución de la paz social por un momento de incertidumbre tan complejo como el actual". "Es un problema que se ha creado", argumentaba Karim Bulaix, quien, no en balde, ve visos de esperanza en el hecho de que todos los actores que dan forma a la Mesa de Diálogo Social hayan decidido remar en la misma dirección.

Sabedor de que "nos jugamos mucho", Bulaix tiene claro que "lo mejor es trabajar de manera conjunta" en aras del interés general. "Tenemos que intentar entre todos que las cosas vayan a mejor", sintetizaba el presidente del organismo cameral, para insistir: "La paz social debe primar en todo momento".

Lejos de los inciertos postulados de Comisiones Obreras y UGT, los máximos representantes de los empresarios caballas sí parecen fiarse de la promesa de que el nuevo escenario será únicamente de aplicación a los contratos firmados a partir del 1 de septiembre. "Estamos convencidos de que la interpretación válida es la que ha trasladado el Gobierno de la nación", defendía Bulaix.

A la vista de la "inseguridad jurídica" que la coyuntura está generado sobre unos y otros, Campos está convencida de que el único camino posible es "volver a lo que teníamos antes". Eso es justo lo que la comisión que se reunirá el día 8 buscará demostrar a Madrid valiéndose de métricas y estadísticas fehacientes. "Lo que tenemos ahora hace inviable que todos los empresarios tengan capacidad de aplicar la bonificación de los 262 euros", apostillaba la presidenta de la CECE.

El mismo encuentro servirá, además, para resolver si los trabajadores contratados desde el pasado viernes en adelante perciben o no la retribución correspondiente al plus de vinculación. Salvo sorpresa, la decisión final debería estar tomada para el día 15.