El empleo de la seguridad privada en la frontera del Tarajal y su entorno data de un acuerdo-convenio entre Ciudad Autónoma y Delegación del Gobierno rubricado en 2018 y en el que, entre otras cuestiones, al margen de la seguridad privada (para el porteo aún vigente en la época por Tarajal II), se financiaban otros aspectos y recursos del denominado ‘hecho fronterizo’ (recogida de basuras, cartonajes, Parque Móvil, Amgevicesa, Obimace, Trace, Tragsa…) con una suma por la que el Estado se comprometía a ingresar en las arcas locales 3,2 millones de euros. Un despliegue al que le ha lego su fin. 

En mayo se inició el servicio con 56 vigilantes de seguridad privada, en octubre se redujo el número de vigilantes a 40, pero ahora y según lo establece el BOCCE el número final de efectivos quedaran en 24 vigilantes de los 56 que empezaron. CCOO veníamos avisando de lo que pasaría y al final hoy se confirma. 

Pese a que los informes de las FFyCCSE continúan siendo favorables al empleo complementario de la seguridad privada, la Ciudad Autónoma ha establecido una cuantía -menor de 1 millón de euros al año- que entendemos no cumple para mantener y acreditar la buena labor en términos de eficacia y de eficiencia, por cuanto ha de prescindirse de casi la mitad de profesionales que se encontraban desplegados en la frontera del Tarajal.

CCOO insta a la Delegación del Gobierno a que con la Ciudad Autónoma rubrique un nuevo convenio adaptado a las actuales circunstancias, se dimensione económicamente las verdaderas necesidades, teniéndose en cuenta los momentos de aumento de tránsito fronterizo que se prevén para Ramadán, Semana Santa y OPE 2023, amén del día a día y con especial atención los fines de semana para que el usuario no vea mermada su atención, en términos de orden y agilidad; no se saturen los servicios desplegados de las FFyCSE; y, por supuesto, se defiendan los puestos de trabajo de los profesionales de la seguridad privada.