Según el sindicato, "los motivos del conflicto son diversos incumplimientos del convenio colectivo y de normas legales en ese centro de trabajo. Concretamente, se produce sustitución del personal de cocina, en los casos de baja médica, por personal de limpieza, perteneciente a otra contrata y realizando media jornada en lugar de la completa que corresponde al titular de la plaza".

Así mismo, se incumple el pliego de condiciones que ha de regir la prestación del servicio, al tener menos personal que el corresponde según dicho pliego. Esto motiva que el personal de cocina realice también funciones de servicio de comedor, que no son de su competencia. "No se entrega a los trabajadores la ropa de trabajo prevista en el convenio colectivo en los plazos marcados y se contrata personal con minusvalía reconocida, para obtener bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social, que son sobreexplotados laboralmente y se les somete a una excesiva carga de trabajo". El acto se ha saldado sin avenencia, por lo que Comisiones Obreras de Ceuta presentará demanda ante el Juzgado de lo Social para intentar el cumplimiento de lo pactado en el convenio y lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores y demás normas reglamentarias. Estos hechos han sido previamente puestos en conocimiento de la dirección del centro, que se ha desentendido de las peticiones de los trabajadores, aduciendo que se trata de una contrata externa y que esa dirección no tiene competencias sobre ella. CCOO discrepa totalmente con esta interpretación del responsable administrativo del centro, ya que "el hecho de que un servicio público se preste por un concesionario privado no exime a la Administración de su obligación de velar por el estricto cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones para la adjudicación del servicio". Para evitar este tipo de abusos y la repercusión negativa que tiene este modelo de gestión sobre los usuarios de los servicios públicos, CCOO insiste en la necesidad de recuperar la gestión directa de los servicios externalizados, de manera que se garantice la defensa del interés general de los ciudadanos y se evite el enriquecimiento injusto de empresarios desaprensivos, que aumentan su beneficio a costa del incumplimiento de sus obligaciones y la sobreexplotación de los trabajadores, con la pasividad cómplice de la Administración.