Comisiones Obreras pidió enmendar el sentido del dictamen porque según el sindicato el traslado mediante arrendamiento al mercado tendrá una costosa adaptación de la construcción actual, no es oportuno desde el punto de vista político, es controvertido socialmente, genera inseguridad en los actuales adjudicatarios del mercado, arruina las aspiraciones de muchos ceutíes de contar con un espacio de referencia cultural y de forma especial vulnera el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente.

Sobre este último punto el sindicato anunció su intención de denunciar ante los tribunales cualquier incumplimiento del vigente plan. “La compatibilidad que se plantea entre el uso cultural y la implantación de un mercado en esa parcela es de dudosa legalidad”, afirmó el representante de Comisiones Obreras, José Antonio Alarcón. “Por muy dotacional que sea el mercado no deja de suponer un uso comercial de la parcela”, añadió.

Por su parte el representante de Procesa, José Diestro, erigido como máximo defensor de los intereses del Gobierno local en la reunión, volvió a insistir en la línea argumental del Ejecutivo. Así recordó que cuando heredaron el proyecto (al que el PP se opuso con especial virulencia mientras estuvo en la oposición y gobernó el GIL de Sampietro y Simarro) se contemplaba un uso del 50 por ciento comercial. Diestro defendió como logro del Gobierno rebajar ese porcentaje hasta el 8 por ciento que contempla el actual proyecto. Una vez más Diestro se dejó en el tintero que el Gobierno de Vivas y Simarro defendió ante los tribunales con muchos miles de euros el proyecto heredado del Ejecutivo de Sampietro y Simarro cuando el PSPC denunció la ilegalidad de la obra ante el incumplimiento del PGOU. Ya que han sido los tribunales y no el Gobierno quien ha obligado a rebajar el porcentaje de uso comercial por debajo del 23 por ciento, y aún así el Gobierno defiende el actual 10 por ciento del proyecto como el máximo que permite la legalidad. Algo que no comparte Comisiones Obreras.

Gabriel García-Parada, en representación directa del Gobierno defendió incluso que “la diferencia sustancial se encuentra en que según la concepción original del proyecto el uso urbanístico sería comercial y privado, mientras que conforme al nuevo aprovechamiento sería dotacional y público”. García-Parada cayó en el mismo error de Diestro y no aclaró tras esa afirmación las razones que llevaron al Gobierno a gastar más de 35 millones de euros en un proyecto cuyo uso urbanístico era “comercial y privado”.

Del 90 por ciento de uso cultural, Diestro aclaró que un ocho de esas diez partes serán dedicadas al auditorio, al conservatorio y que aún quedan otros 2.000 metros cuadrados para uso cultural aún por definir. Mientras el mercado ocupará las otras dos décimas partes del 90 por ciento del total del complejo.

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