Además del relamido recorte "justo y razonable", según Martínez, de los salarios de todos los trabajadores del sector público por entre un 3% y un 6% de su cuantía (salvo para los cargos directivos, que ya perdieron un 15% en 2010, y quienes perciben menos de 15.000 euros brutos al año), el Plan de Ajuste 2012-2022 que el Pleno aprobará este viernes como paso previo y obligatorio para recibir de los bancos con el aval del Estado los 80 millones que necesita para saldar su deuda comercial, el Gobierno ceutí tiene previsto aplicar una reducción del 10% del importe de los convenios "suscritos con entidades que prestan servicios de carácter social", que dan empleo a unas 300 personas, y de "al menos" el 20% en el caso de los que mantiene "con entidades culturales, religiosas, casas regionales, etcétera".

Merced a estas medidas, que afectarán singularmente a las consejerías de Asuntos Sociales, Educación y Cultura, y Sanidad recortar su capítulo de gastos en cerca de 300.000 euros este año (únicamente se computa a la reducción de los desembolsos para la adquisición de bienes y servicios de las sociedades municipales) y en casi ocho millones de euros durante los próximos diez ejercicios económicos.

A alcanzar dicha cantidad contribuirán, también, cinco ajustes extra: la anunciada "reestructuración del sector empresarial"; y los recortes en 1) "los gastos de funcionamiento de las distintas consejerías"; 2) "los importes de aquellos contratos que, una vez licitados, "han producido diferencia entre el tipo de licitación y la adjudicación de los mismos"; 3) "en la licitación del nuevo contrato de recogida de residuos, limpieza viaria y mantenimiento de contenedores"; y 4) los gastos destinados a actividades lúdico-festivas.

Con la rebaja del 10% en los convenios sociales, el Ejecutivo ceutí se contradice a sí mismo: el pasado 7 de marzo presumió de que "no solo hemos decidido mantener los convenios de carácter social, sino que los hemos incrementado en un 5% para atender a los colectivos más necesitados, ya que sin ellos, no sería posible realizar trabajos como los que desarrollan las entidades integradas en el CERMI, asociaciones como las de discapacitados o sordociegos, las de lucha contra el cáncer o de enfermos de Alzheimer o como el trabajo de los hermanos de Cruz Blanca".

Reduciendo un 20% el resto sí actúa en consonancia con lo que han venido reclamando durante las últimas semanas tanto los sindicatos como la Asociación de Funcionarios. Los primeros le pidieron ese mismo día, por escrito, "eliminar de la partida destinada a subvenciones, cifrada en 16 millones de euros, una gran mayoría por absurdas e innecesarias".

Los segundos, también el 7 de marzo, en el clímax de tensión por la posible supresión de todas las jornadas partidas y especiales, pidieron la "supresión" de "todos los gastos corrientes en subvenciones y convenios con entidades religiosas, deportivas, Casas Regionales, Escuela Hípica, periódicos y medios de comunicación que no tengan carácter esencial o afecten a Servicios Sociales".

La coalición Caballas también exigió durante el debate de los Presupuestos de la Ciudad para 2012 más “poda” al gasto en lo que Aróstegui denominó como “la cultura de la subvención” fomentada por el Gobierno de Vivas en forma de convenios y ayudas "con multitud de asociaciones de toda condición y pelaje para que desarrollen sus actividades". 

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