El Ministerio de Empleo ha aclarado este fin de semana que los parados que viajen al extranjero no perderán "en ningún caso" la renta activa de inserción de 426 euros, destinada a desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo pese a que el Real Decreto 20/2012 que concreta los nuevos recortes del Gobierno central establece que "la salida al extranjero, por cualquier motivo o duración, interrumpe la inscripción como demandante de empleo a estos efectos. En los supuestos en que se interrumpa la demanda de empleo, se exigirá un periodo de 12 meses ininterrumpido desde la nueva inscripción".

Un total de 770 personas perciben esta prestación actualmente en la ciudad autónoma, 122 de ellos extranjeros (sólo 2 comunitarios).

Las modificaciones introducidas en el Real Decreto-Ley sólo afectan a aquellas personas que viajen al extranjero a lo largo del año en lo que se refiere a que "es necesario estar inscrito previamente como demandante de empleo para recibir la prestación".

Empleo ha detallado que se establecerán determinadas excepciones en las que dicha inscripción de un año como demandante de empleo no se vea interrumpida en el caso de que el solicitante deba viajar al extranjero por causas urgentes o de extrema necesidad para evitar "situaciones de cobro irregular". El Ministerio no ha detallado cómo controlará el tránsito por las fronteras ni aportado más detalles suplementarios.

Durante el periodo de inscripción el solicitante debe buscar "activamente empleo, sin haber rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales u otras para incrementar la ocupabilidad", tampoco puede viajar al extranjero "sin causa justificada".

Según el Ejecutivo de Mariano Rajoy, los desempleados "tienen derecho a viajar en las mismas condiciones" que hasta ahora y confirma que no se ha producido "ninguna modificación" en lo que a este aspecto se refieren las medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, publicado en el Boletín Oficial del Estado.