La patronal y los sindicatos mayoritarios consideran que es "conveniente" que "todos los documentos" que traten el asunto fronterizo "dejen constancia, a modo de testimonio, de una reivindicación legítima y fundamental para el futuro de nuestra ciudad: el reconocimiento de una aduana comercial incardinado en el proceso de incorporación de Ceuta a la Unión Aduanera".

Sin embargo, muchos años, algún Acuerdo Plenario y varios estudios después, la posible entrada de la ciudad en la Unión Aduanera cada vez parece más lejana.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha vuelto a repetir en su respuesta a una pregunta de diputados socialistas que no lo ve claro: "Ceuta y Melilla", ha recordado, "ya tienen la consideración de territorios francos con inexistencia de derechos arancelarios ni restricciones al comercio de importación-exportación de mercancías, por lo que establecer zonas francas dentro del territorio aduanero no supondría 'per se' un cambio que pudiera facilitar el comercio con Marruecos". 

Al contrario, avisa de que dar ese paso "podría afectar, en aplicación de la normativa aduanera comunitaria, a los intercambios comerciales entre las ciudades autónomas y la Península".

Según el Ejecutivo central, Ceuta y Melilla gozan de un régimen especial establecido en el Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas y en el Protocolo número 2 de la misma y correspondería al Consejo, "por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo", decidir su integración en el territorio aduanero de la UE y "definir las medidas apropiadas dirigidas a extender a ambs ciudades las disposiciones vigentes del Derecho comunitario".

La integración conlleva no solo la prohibición, entre los Estados miembros, de los derechos de aduana de importación y exportación y de cualesquiera exacciones de efecto equivalente, así como la adopción de un arancel aduanero común en sus relaciones con terceros países, sino también su integración en las políticas comunes de la Unión Europea, especialmente en la denominada política comercial común, cuyos instrumentos más importantes lo constituyen la aplicación de la legislación aduanera común, los instrumentos de defensa comercial contra prácticas ilícitas, o los regímenes de preferencias comerciales.