El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta (MDyC) ha emitido este miércoles un duro comunicado el que acusa al Gobierno de la Ciudad de librar a Tragsa de la fiscalización de la Intervención, al menos antes de pagar las facturas. Algo que es obligatorio para cualquier factura presentada a la Ciudad por pequeño que sea el encargo.

En concreto, el partido que lidera Fatima Hamed refiere que la consejera de Hacienda y Economía, Kissy Chandiramani habría emitido un decreto el pasado 9 de febrero por el cuál se establecería que “todas las encomiendas de gestión con la mercantil Tragsa y sus filiales se paguen sin que la Intervención, que es quien fiscaliza y controla los pagos que se hacen, pueda siquiera manifestar lo que considere oportuno con carácter previo a los pagos a realizar”, según se recoge en el comunicado.

Así la formación exige a la consejera que “recule en esta errónea decisión, la deje sin efecto y se mantenga la fiscalización por parte de los servicios técnicos d ella ciudad. O eso, o ya puesta, que deje sin pasar por la fiscalización de la Intervención local todos los grandes contratos que se adjudiquen y nos convierta en la República bananera en la que parece pretender que nos convirtamos”, recoge el comunicado de MDyC.

El partido recuerda además que esta fiscalización es “esencial” y obligada para “empresas que facturan cantidades nimias” antes de proceder al pago. Y que la propia Intervención ya emitió en el pasado informes en los que apuntó y cita literalmente: “Tragsatec ha podido generar un enriquecimiento injusto constituido por la diferencia entre la cantidad recibida de la Ciudad y el importe efectivamente gastado en el servicio contratado”.

Además, la formación recuerda que han sido numerosos los retrasos en las obras encomendadas a la empresa, que es pública, aunque el partido evita mencionarlo y medio propio de la Ciudad. Y hace especial saña con la pista polideportiva y el local vecinal de Juan XXIII que ni ha llegado a arrancar las obras.

A estas críticas han contestado el propio presidente Vivas y el presidente de la compañía, Jesús Casas, de visita en la ciudad este miércoles. Lo han hecho subrayando en el caso de Vivas que los procesos de fiscalización que realiza la Ciudad a Tragsatec son los mismos en Ceuta que en el resto de administraciones públicas que trabajan con la empresa pública. “Es imposible. No se puede eliminar la intervención, quien diga eso no tiene la información suficiente. Los procedimientos de fiscalización de las facturas de Tragsa son categóricamente legales. Si no, no se podría pagar”, ha llegado a afirmar tajante Vivas.

Además, tanto Vivas como Casas han recordado que las tarifas de Tragsa son las mismas en toda España, están publicadas en el BOE y aprobadas por una comisión en la que participan más de 70 administraciones públicas y visadas por la Unión Europea.

Casas ha recordado que la empresa pública no tiene objetivo de beneficios y que cuando las cuentas son positivas revierten las ganancias a las cuentas del Estado.