El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha tenido que salir este jueves al quite de una polémica originada por un informe emitido por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef). El organismo ha puesto en marcha un observatorio interactivo en el que apunta en la misma dirección que viene haciéndolo desde que se incrementó la actual bonificación a los vuelos extrapeninsulares desde el 50 al 75 por ciento, al inicio de la legislatura. Así propone sustituir esa bonificación por una cuantía fija al residente para cada ruta. El revuelo por la idea se ha montado en Canarias y en Baleares, aunque la medida propuesta tendría repercusión también en Ceuta y en Melilla. Así, al Ministerio no le ha quedado más remedio que emitir un comunicado escueto en el que asegura tajante que “en ningún momento se ha planteado o analizado la posibilidad de modificar el sistema de subvenciones de los billetes de avión entre los archipiélagos balear y canario, Ceuta y Melilla y la España peninsular para residentes en estas regiones”, tal y como recoge de forma literal.

El Ministerio llega a recordar que el actual régimen de ayudas a los residentes para el transporte, “está blindado por la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y su homóloga de Baleares”. Y para reforzar su desmentido recuerda que fue el actual Gobierno de Sánchez quien reforzó las bonificaciones a los billetes de avión al pasarlas del 50 al 75 por ciento. Un incremento que para el Gobierno y el Ministerio es una señal inequívoca de su “fuerte compromiso con la movilidad y la igualdad de oportunidades de los ciudadanos de las islas, Ceuta y Melilla”.

Y como punto y final se molesta en recordar que la AIRef es una autoridad independiente que emite recomendaciones que no son vinculantes.

En el caso de Ceuta la medida tendría repercusiones más allá del propio helicóptero porque hay que recordar que los residentes en la ciudad tienen esa misma bonificación en todas las rutas nacionales que despeguen desde los aeropuertos de referencia: Sevilla, Jerez y Málaga.

Es en dos mercados insulares en los que el turismo y las bonificaciones pesan especialmente donde la recomendación aderezada por algunos titulares que daban casi por sentado que ese era el futuro de las bonificaciones a residentes donde se ha armado un gran malestar que ha forzado al Gobierno a salir a desmentir que esté tal medida en sus planes.

La recomendación de la AIReF, en realidad era más o menos previsible. Ya el 30 de julio de 2020 emitió un comunicado en el que ponía sobre la mesa el problema que entiende podría abordarse modificando el actual sistema de bonificaciones al transporte para residentes extrapeninsulares: Había constatado que la subida del 50 al 75 por ciento en las bonificaciones había supuesto un incremento en el precio de los billetes.

Ahora además explica que ese incremento en el precio del ticket aéreo puede tener consecuencias nefastas para dos mercados turísticos que mueven muchos viajeros que no son residentes y pagan por tanto el precio íntegro del mismo.

El problema en realidad no es nuevo y ya a principios del milenio la propia patronal aérea advirtió que con el sistema de entonces de bonificaciones, cuyo funcionamiento sigue planteado casi en los mismos términos restando que la bonificación es mucho mayor, cualquier incremento en la bonificación sería absorbido en tarifas por las propias compañías y no terminaría de llegar en su totalidad al residente.

En un sentido algo más constructivo, sin ir más lejos algunas de las navieras que han venido operando en el Estrecho ya han señalado en alguna ocasión que el actual sistema tiene una carga en horas de administración para la gestión y cobro

En esa recomendación emitida entonces en el verano de 2020, la AIReF proponía entonces limitar las subvenciones a los residentes extrapeninsulares en función de las rentas. Un debate en términos estrictamente económicos que está al fondo de casi cada medida de ayudas a la población en general y que ha tomado especial vigor, además, en los últimos días al hilo de las polémicas por los bonos sociales y energéticos que cobran en Madrid algunos diputados de la Asamblea Autonómica o miembros del Gobierno de Ayuso con un notable poder adquisitivo.