No habrá convenio entre Ciudad Autónoma y Delegación del Gobierno para aunar esfuerzos en la persecución del empleo clandestino tal y como proponía Caballas. A pesar de que el Gobierno ha asegurado compartir el objetivo que proponía el principal grupo de la oposición, finalmente no habrá convenio. El PP ha votado en contra.

El diputado de Caballas, Juan Luis Aróstegui, fue el encargado de defender la propuesta de su grupo. Aróstegui apeló a los más de 13.000 parados con los que ya cuenta la Ciudad Autónoma y reclamó más allá de la Mesa por la Economía medidas urgentes que pudiera repercutir de forma inmediata en la generación de puestos de trabajo.

Según el argumentarlo de Caballas, cada trabajo ilegal que se aborte es un puesto de trabajo más para los ceutíes. Aróstegui denunció que la “metástais del empleo clandestino que antes se da en las empleadas de hogar y en la construcción mayoritariamente se ha extendido a casi todos los sectores de producción”.

Reclamó el de Caballas “beligerancia absoluta” y “contundencia” en esta lucha, llegando a pedir incluso prohibir concurrir a concursos públicos a las empresas que sean sancionadas por este motivo.

Para llevar a cabo este plan represor, Caballas pretendía que la Ciudad Autónoma firmara un convenio de colaboración con la Delegación del Gobierno para coordinar mejor la lucha.

El portavoz del Ejecutivo coincidió en el fondo de la medida propuesta, pero negó el voto favorable, argumentando que las competencias las tiene Delegación y que como no puede ser de otro modo, la Ciudad Autónoma ya colabora con esta administración en la persecución del empleo clandestino.

Un argumento que tiró por tierra Aróstegui al recordarle al Gobierno que tiene convenios con todos los ministerios

Tanto Martínez como Aróstegui hicieron hincapié en que esta lucha necesita además la concienciación por parte de la ciudadanía para que con su comportamiento repulse estos comportamientos, a través, por ejemplo del consumo.

En el seno del debate, Aróstegui cuestionó la eficacia de la lucha que dice haber emprendido desde la Inspección de Trabajo la propia Delegación que anunció la apertura de 400 expedientes sancionadores fruto de la labor inspectora. Aróstegui pidió que se desgranaran los datos y que se dijera cuántos de esos expedientes tienen como objeto el sancionar las contrataciones ilegales. “Por desgracia lo que se ha intensificado es el acoso a pequeñas empresas locales, se ha sancionado a los que les falta un libro, han incumplido un horario o tienen un suelo resbaladizo”, ha lanzado Aróstegui.