Entre los pocos déficits que reconoce el informe de la Inspección Educativa sobre los recursos disponibles para el alumnado con necesidades especiales o específicas de apoyo educativo está que el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) debería “prever con tiempo” la ampliación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de su personal laboral “una vez que se decida la creación de nuevas aulas específicas o comedores escolares”.

También "agilizar" los procesos de contratación y la gestión de las bajas que se produzcan en el seno de este colectivo, algo que asevera que “ya ha solicitado” la Dirección Provincial a los Servicios Centrales.

El Servicio cree que es conveniente “seguir avanzando en el reparto equilibrado de alumnado con necesidades educativas” para conseguir “ratios semejantes en todos los centros sostenidos con fondos públicos, tanto ajustando los recursos humanos como incorporando mejoras continuas en los procesos de escolarización”.

Durante la última década se ha apreciado que las familias cuyos hijos presentaban necesidades educativas especiales solicitaban “centros públicos en detrimento de los concertados con la excepción del CC Santa María Micaela”. Al empezar a repartir de forma equitativa a ese alumnado fue creciendo la petición de los segundos de más profesorado especialista, tanto de Pedagogía Terapéutica (PT) como de Audición y Lenguaje (AL).

En el ámbito de los institutos reconoce una “única dificultad” conocida, concretamente “el retraso en la incorporación de un intérprete de la lengua de signos para un alumno que cursa FP”, pero alega que “todo el procedimiento que se lleva a cabo desde la Dirección Provincial, incluido el proceso selectivo, tuvo lugar en tiempo y forma”. La demora se debe a “la fecha en la que autoriza los Servicios Centrales su contratación, que para próximos cursos debería ceñirse al comienzo de curso”, opina.