La Fiscalía instará al MECyD a escolarizar a 23 niños extranjeros residentes atendidos por DIGMUN

La Fiscalía instará al MECyD a escolarizar a 23 niños extranjeros residentes atendidos por DIGMUN
Imagen de archivo.

- El Ministerio Público basará su resolución en los informes emitidos por el GRUME de la Policía Nacional que certifican que los pequeños viven efectivamente en Ceuta aunque la Ciudad les niegue el empadronamiento

- DIGMUN acoge la noticia como "el mejor regalo que podíamos recibir por nuestro décimo aniversario" y prepara la "reestructuración" de su programa, que seguirá formando a otros quince jóvenes y dará refuerzo a los que pasen a la educación reglada


La Fiscalía de Ceuta ha comunicado este miércoles a la coalición Caballas, cuyo diputado Juan Luis Aróstegui denunció formalmente en noviembre la situación de 23 niños residentes a los que las Administraciones se negaban a escolarizar, que instará al Ministerio de Educación a tramitar su incorporación a las aulas de los colegios. Lo hará en base a los informes que ha recibido del Grupo de Menores (GRUME) de la Jefatura Superior de la Policía Nacional, que ha certificado que los pequeños viven de forma efectiva en la ciudad autónoma, un trámite que la Ciudad Autónoma se negó a cumplimentar a través de sus trabajadores sociales.

Maribel Lorente, presidenta de la Asociación por la Dignidad de Mujeres y Niños (DIGMUN), la entidad que ha venido atendiendo a esos jóvenes, primero en la Estación de Ferrocarril y ahora en el Centro Cultural Al Idrissi, en origen solo con el respaldo económico de la Fundación Educo y este curso también con el apoyo de personal del Plan de Empleo, ha recibido la noticia como "el mejor regalo que podíamos tener por nuestro décimo aniversario".

Las aulas de DIGMUN se han llenado esta mañana de "emoción" tras "más de un año invirtiendo mucha energía y mucho esfuerzo, soportando todo tipo de comentarios injustos en contra, para conseguir que se reconociese la importancia de hacer respetar el derecho de los niños a la Educación".

La asociación ya trabaja en la "reestructuración" de su programa, que recientemente ha abierto una tercera unidad para acoger a otros quince menores. A partir de ahora el plan pasa por mantener las clases matutinas con ese grupo que todavía no se podrá incorporar a la educación reglada y por dar refuerzos a los que sí para facilitar su incorporación a los centros educativos.

"Sabemos de la saturación de los colegios de Ceuta pero también de los muy buenos profesionales docentes existentes para que los niños puedan cumplir los objetivos de cada etapa educativa", ha señalado Lorente, que ha tenido palabras de "agradecimiento" para Educo, Andalucía Acoge, Caballas y personal de la Administración como el jefe de la Inspección, Javier Martínez, "que siempre ha demostrado sensibilidad para intentar atender esta problemática dentro de las posibilidades legales existentes".

A la Dirección Provincial del Ministerio que dirige León Bendayán tocará ahora la adscripción de los menores a los colegios que les corresponda una vez que reciba la resolución de la Fiscalía, a la que Aróstegui alertó tras infructuosos meses de iniciativas políticas de que "como consecuencia de la interpretación, que no aplicación, de dos normas de rango menor, al menos veinte niños y niñas residentes en Ceuta se ven privados de su derecho a la escolarización, en el que se materializa un derecho fundamental como es la educación obligatoria hasta los dieciséis años, recogida en nuestro ordenamiento jurídico, y en especial en lo regulado en materia de protección a los derechos del menor".

PSOE, Amaiur, Defensor del Pueblo...

Además de las gestiones de Caballas, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presentó hace un año una Proposición No de Ley (PNL) reclamando al Gobierno de Rajoy que procediese “de manera inmediata” a escolarizar a los menores “que, sin tener una situación administrativa regulada, están residiendo de manera continua, efectiva y demostrable en Ceuta”.

El diputado de Amaiur Jon Iñarritu interpeló por el caso al Ministerio, que alegó que “el problema se plantea respecto a las solicitudes en las que no se justifica el modo de estancia, desconociéndose si los solicitantes residen en la ciudad autónoma, si simplemente pernoctan, si se encuentran en situación de tránsito o si cruzan diariamente la frontera” y concluyó que “el mejor instrumento es el certificado de empadronamiento que, por otra parte, es el documento exigido en todas las Autonomías”.

La Oficina del Defensor del Pueblo también se interesó el verano pasado por la situación de esos niños, cuya exclusión de las aulas fue puesta igualmente en conocimiento del Comité de los Derechos de los Niños de la ONU.

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