CGT ha acusado este domingo a la Delegación del Gobierno de "desacato" de las sentencias judiciales que en primera y segunda instancia la obligan a pagar el IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración General del Estado a los beneficiarios de su Plan de Empleo, algo que tampoco piensa hacer en la edición 2021-2022, cuyos 722 seleccionados firmarán sus contratos el miércoles y el jueves.
"El incumplimiento de la legalidad vigente y la obsesión por atentar contra el artículo 14 de la Constitución fomentando la discriminación desfavorable entre personas que realizan idénticas funciones en puestos de la administración volverán a tener censura jurídica por parte de CGT y la solicitud de que se asuman responsabilidades políticas", ha advertido la central.
Tal y como hizo UGT con los Planes de la Ciudad, cuyo Ejecutivo sí resolvió pagar mucho más a los beneficiarios de sus programas, CGT ha llevado a la Justicia las retribuciones del Plan de Empleo de la Delegación con victoria en los Tribunales.
La institución de la Plaza de los Reyes no ha cambiado, sin embargo, el régimen retributivo de los últimos años y tampoco ha recortado jornadas o contratados para ajustarse al presupuesto disponible este año (11,9 millones) aplicando las resoluciones judiciales, cuyo contenido podría hacer que no se repitan este tipo de convocatorias en Ceuta, según han advertido las fuentes consultadas.
"Mostramos nuestra desagradable sorpresa por el anuncio de la administración de incumplir los compromisos que se adquirieron en la pasada reunión del 16 de noviembre entre la Delegada del Gobierno y responsables de CGT Ceuta y Míguel Montenegro como responsable de CGT Territorial, circunstancia que solo puede llevarnos a la conclusión de que los responsables políticos se consideran estar por encima de sentencias judiciales, de los derechos laborales y de la propia constitución con absoluta y total impunidad", ha criticado.
El sindicato se lo ha tomado como "un desafío y una afrenta", así como "una actitud de soberbia, de prepotencia y chulería al mostrar un absoluto desprecio a las normas legales en vigor, una actuación temeraria contra las sentencias judiciales y un incumplimiento tácito premeditado del texto constitucional que rige la convivencia y es garante de los derechos fundamentales de las ciudadanas y ciudadanos españoles que la Administración debiera ser ejemplo pulcro de cumplimiento".
Por todo ello, CGT se ha puesto a disposición de las 722 personas "que pueden verse discriminadas social y salarialmente en sus puestos de trabajo para reclamar sus derechos individuales, que complementarán las acciones colectivas que se pondrán en marcha directamente si al final se consolida el nuevo atropello anunciado".
