El sindicato quiere denunciar que en los últimos meses la Dirección de la ONCE y su sindicato de empresa UTO-UGT han acordado que los vendedores y vendedoras de nuevo ingreso cobren un 30% menos que los fijos de plantilla.

Igualmente el sindicato denuncia lo que considera una política antisocial insoportable, consistente en: docenas de despidos de personas ciegas y discapacitadas por lo que la empresa llama “baja rentabilidad”; el cierre de centros en todo el territorio nacional con despidos del personal administrativo y de limpieza; la amenaza de retirar generalizadamente quioscos aduciendo el coste de mantenimiento; la no renovación de los contratos temporales para posteriormente hacerlos reduciendo el salario al 70%, o la imposición al personal del copago de la prima de una póliza sanitaria complementaria que venía siendo gratuita y necesaria por la condición de personas con discapacidad de la mayoría de la plantilla.

CCOO considera muy graves estas medidas antisociales y contrarias a la misión institucional de la ONCE, "pues las deciden unos altos directivos que cobran remuneraciones millonarias mientras perciben en el ejercicio 2008 una subvención de 71 millones de euros del erario público para equilibrar el balance y las cuentas anuales, resultantes de una deficiente gestión comercial, de lo que la Ministra de Sanidad y Política Social es conocedora", al habérsele trasladado la situación por CCOO y los grupos políticos de oposición de la Entidad, "sin haber recibido respuesta alguna de la Sra. Jiménez".