La Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT) de Ceuta ha denunciado a través de un comunicado de prensa que con motivo del concurso de traslados de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias la prisión de Los Rosales se quedará sin cubrir dos plazas de personal de 'genérico oficina'. Además, cuatro funcionarios que se encuentran en el periodo de prácticas ya tienen oferta de primer destino, lo que repercutirá en otro recorte de cuatro plazas.

"Tenemos conocimiento de la no cobertura de las plazas mencionadas, lo que conllevará un empeoramiento en el servicio diario del centro penitenciario", ha explicado el sindicato, seguro de que ello "repercutirá negativamente sobre el departamento de mujeres, donde actualmente se trabaja en un turno de 'tres por cinco', como en el resto de la prisión, pero al no haber las suficientes funcionarias podrían tener que dejar de cumplirlo".

FSP-UGT de Prisiones ha asegurado que "no consentirá" que dentro de la misma cárcel haya trabajadores que trabajen con un turno diferente al del resto de los compañeros, "ya que en su día la votación para el turno de trabajo fue la del 'tres por cinco". "Por ello consideramos que otra forma de gestionar el servicio no sería correcta", ha advertido.

Los ugetistas ya han remitido una carta al director general de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias alertándole de esta situación y solicitándole "la inmediata cobertura de estas plazas".

"Contra la generalización"

El presidente de la Junta de Personal de la Administración General del Estado en Ceuta, Juan Cubo, también se ha pronunciado en nombre de UGT sobre la denuncia que el sindicato 'Manos Limpias' ha anunciado que ha presentado a la Fiscalía General del Estado sobre presuntas irregularidades en el trabajo de algunos funcionarios de la prisión ceutí que, de acuerdo con sus fuentes, suministrarían alcohol, móviles y drogas a los internos a cambio de ciertas prebendas como comidas o sexo.

Cubo ha rechazado "rotundamente" que se pueda "generalizar" tales comportamientos sobre el conjunto de trabajadores de la prisión, que supera los 150 funcionarios. "Si en el grupo hay alguna manzana podrida somos los primeros en desear que se investigue y se depuren responsabilidades, pero también en oponernos a que se dé pábulo a una presunta denuncia de un sindicato que respetamos pero que no tiene representatividad en la ciudad y que dice apoyarse en el testimonio de una sola persona", ha querido dejar claro Cubo.

"De lo que sí estamos seguros es de que esos comportamientos irregulares no son la norma sino, en todo caso, una excepción que hay que investigar a fondo y erradicar para salvaguardar el buen nombre de la prisión y de los funcionarios que trabajan en ella", ha defendido el sindicalista.

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