Trece organizaciones de infancia han "cuestionado" este miércoles "la capacidad de la delegada de Gobierno para liderar y resolver los expedientes de repatriación con objetividad y garantizando una adecuada evaluación y determinación del interés superior de cada niño, así como su predisposición para desarrollar el procedimiento con todas las garantías", después de que este martes asegurase sin precaución alguna sobre la evaluación de su interés superior individual que los menores marroquíes migrantes solos donde deben estar es "en su país".

"Las iniciativas de la delegada, así como sus reiteradas declaraciones sobre las repatriaciones, ya han causado la huida de los centros de protección de centenares de niños y niñas frente a la amenaza de ser devueltos colectiva e irregularmente al país de origen", han lamentado en un escrito conjunto Andalucía Acoge, Coordinadora de Barrios, Coordinadora de Obras Socioeducativas La Salle, Fundación Save the Children, Fundación Raíces, Fundación Educo, Gentium, La Salle, Maakum, No name Kitchen, Plataforma de Infancia, Red Acoge y el Servicio Jesuita a Migrantes.

Todas ellas han recordado que "conforme a la legislación de extranjería, Salvadora Mateos sería la competente para iniciar los procedimientos de repatriación de los niños y niñas que llegaron en mayo a Ceuta" y que "la Delegación de Gobierno debe solicitar información individualizada al Área de Menores y a la Fiscalía sobre la situación de cada niño, así como a las autoridades de origen sobre la situación de su familia para poder incoar el procedimiento de repatriación, así como asegurar la audiencia del niño y su asistencia jurídica".

"De acuerdo con lo que establecen la legislación nacional e internacional", han advertido, "este procedimiento debe llevarse a cabo con todas las garantías (escuchando al niño, debidamente informado y con abogado, con resoluciones motivadas, etc.) y debe consistir en una evaluación y determinación de cuál es el interés superior de cada niño, es decir, qué solución duradera de las posibles (repatriación a Marruecos, reunificación familiar en otro país o acogida en España) es la que permite que se garanticen mejor los derechos de cada uno de estos niños y niñas".

"Las declaraciones de la Delegada de Gobierno, obvian el auto judicial por el que el pasado 16 de agosto el juzgado de instrucción de Ceuta mantenía la suspensión de las repatriaciones por considerar que había indicios de vulneración de derechos y disponiendo expresamente que no se había observado la legislación aplicable y ponen de manifiesto la determinación de iniciar estos procedimientos con una decisión colectiva pre adoptada: 'estos niños deben estar con sus familias o asistidos por una entidad que los tutele, igual que en Ceuta, pero en su país, y en ese sentido seguimos trabajando", han censurado.

Las devoluciones colectivas iniciadas en la ciudad, también fueron cuestionadas por el Defensor del Pueblo, la Fiscalía y el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Las tres instituciones insistían en la vulneración de lo previsto por la normativa española en materia de repatriaciones, así como de los derechos de la infancia afectada.