El informe anual ‘Islamofobia en España 2014’ elaborado por la Plataforma Ciudadana Contra la Islamofobia recoge un total de 49 casos denunciados durante el año pasado. Atendiendo al tipo de agresión o abuso, en toda España se registraron once problemas relacionados con mezquitas (con la apertura de una nueva o con una ya existente), dieciséis manifestaciones de tipo islamófobo, dos “incidencias por indumentaria islámica”, siete ataques físicos a mezquitas, nueve “discriminaciones o actos discriminatorios contra personas musulmanas”, un ataque físico (dos víctimas de una agresión con arma blanca) y tres conflictos vinculados al ámbito Halal.

Tres de los presuntos casos de islamofobia contabilizados están relacionados con la ciudad autónoma de Ceuta. Uno es la no escolarización de varias decenas de niños “en un claro incumplimiento de la Ley de Protección del Menor y de la Ley de Extranjería, que garantizan el derecho a la educación de los extranjeros que se encuentran en España, independientemente de su estatus administrativo”. Otro, el de la esvástica que apareció en la placa de su despacho como letrado del ex viceconsejero de Medio Ambiente, el diputado no adscrito Rachid Ahmed.

El último está relacionado con la existencia de “sólo 47 profesores de religión islámica en la enseñanza pública” de todo el país repartidos entre Andalucía, Aragón, Ceuta y Melilla.

La Plataforma Ciudadana Contra la Islamofobia, una asociación “ciudadana y plural sin ánimo de lucro” cuyo objetivo es “promover la participación de la ciudadanía en la consecución de una sociedad respetuosa, democrática, libre y plural”, reclama como “imprescindible” la “revisión” de los libros de texto “que ponen de relieve que el sistema educativo español todavía navega entre el tópico y el prejuicio al Islam y el mundo árabe, como ha reflejado un trabajo de investigación sobre el tratamiento de los temas sobre el Islam y el Mundo Árabe en la enseñanza media española”.

También se pide una Ley Orgánica de Protección Integral contra los Delitos de Odio “que garantice a las víctimas una asistencia jurídica, humanitaria y medidas de protección, información y recuperación integral.