Medio centenar de residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se han concentrado en la plaza de los Reyes frente a la Delegación de Gobierno para protestar por su situación en Ceuta, bloqueados en la ciudad autónoma sin poder cruzar a la Península, pese a que son solicitantes de asilo y una sentencia reciente del Tribunal Supremo avala su derecho a moverse libremente por territorio español.

Los solicitantes de asilo, marroquíes, argelinos y, en especial, un grupo de migrantes LGTBIQ+ denuncian el bloqueo que les excluye de las salidas y les impide ejercer su derecho a salir de la ciudad autónoma. La gran mayoría denuncia que llevan meses, incluso más de un año, esperando su salida del CETI, vedada para ellos y alas que acceden en su mayoría subsaharianos y familias, reprochan, mientras ellos tienen que quedarse en Ceuta “durante años, encerrados en el CETI”.

En Ceuta han añadido una serie de condiciones -a la sentencia- y eso es ilegal. Estamos pidiendo también formar parte de los ‘Laisser Passer y también queremos que puedan salir a la Península personas a las que les han denegado el asilo“, reclama Mohamed, uno de los migrantes marroquíes que ha ejercido de portavoz.

Mahmud, marroquí, 60 años, se pregunta si esperan que se muera en Ceuta. “Soy mayor”, dice señalándose las canas que cubren su escaso cabello, sin comprender por qué les ponen trabas a su salida de Ceuta. ““Ceuta es marroquí o española. Si Ceuta es España podemos ir a la Península”, reivindica, ajustándose sin saberlo al criterio del Tribunal Supremo, que en una reciente sentencia ha zanjado el debate anulando el sello de “valido solo en Ceuta” que tienen su tarjetas rojas de solicitantes de asilo. “La Policía va contra la Ley”. 

Pero, de momento, pese a que su tarjeta roja sería salvoconducto suficiente, las autoridades en Ceuta no permite su salida y restringen su libertad de movimientos. El Ministerio de Interior sigue estudiando el dictamen judicial, pese a que la sentencia del Supremo es firme, sienta jurisprudencia y es efectiva desde el mismo momento en que se dicta.

Hadiya, vecina de Fnideq y madre de cuatro hijos, huyó hace nueve meses de su país tras recibir una paliza de un agente de la aduana de Bab Sebta. Vive desde entonces en el CETI, es solicitante de asilo y está desesperada. El CETI no es lugar para niños, explica, hay peleas, sus hijos tienen miedo, “no comen, no pueden dormir”. “Mis hijos me preguntan mamá, por qué vivimos en una cárcel”, cuenta al borde de las lágrimas. 

Para Altagracia, migrante trans marroquí, la situación es diferente pero no menos desesperada. Ella se enfrenta a la homofobia, los insultos y los intentos de agresión dentro y fuera del CETI. A ella ni siquiera han contestado aun a su solicitud d protección internacional. Como ella, el resto de los acogidos en el CETI pertinentes a la comunidad LGTBIQ+ saben que están los últimos d ella fila para el traslado. No tienen familia y, lo que es aun peor,  en la inmensa mayoría de los casos su propia familia los ha despreciado. No tienen nadie a quien acudir y ni siquiera han encontrado en Ceuta la tolerancia que buscaban.

Todos ellos podrían hoy mismo hacer las maletas con la sentencia del Tribunal Supremo en la mano, pero la realidad no es tan sencilla y se han encontrad que ni con la razón del Alto Tribunal de su lado se respetan sus derechos. 

Los migrantes reclaman a la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, que les dé una solución y rompa el bloqueo que les mantiene encerrados en Ceuta.