XI MARCHA POR LA DIGNIDAD

Todo lo que sustenta el drama migratorio: Frontera cada vez más al sur, colonialismo, militarización, economía y justicia

Todo lo que sustenta el drama migratorio: Frontera cada vez más al sur, colonialismo, militarización, economía y justicia
Ponentes durante la mesa redonda previa a la XI Marcha de la Dignidad.
Ponentes durante la mesa redonda previa a la XI Marcha de la Dignidad.
Patuca Fernández, Mouctar Bah y Viviane Ogou participaron en una mesa redonda previa a la Marcha por la Dignidad, que se celebrará esta tarde recordando los hechos del 6 de febrero de 2014 en el Tarajal

Fronteras que bajan, militarización, desprecio a las vidas africanas desde el colonialismo, explotación económica y una justicia que no permite la reparación. Todas esas ideas fueron protagonistas en la mesa redonda previa a la XI Marcha por la Dignidad, que se celebró en la mañana de este sábado en el IES Abyla de Ceuta. La manifestación por los catorce fallecidos el seis de febrero de 2014 en la playa del Tarajal comenzará a las 15.30 en la Plaza de los Reyes.

Mouctar Boh, técnico en acompañamiento psicosocial, que ha trabajado con personas en su viaje migratorio, tanto en Marruecos, como en España, inició las ponencias. Lo hizo lamentando que "nada" haya cambiado "en diez años" y que "cada vez haya más muertos y desaparecidos".

Se mostró muy crítico con las políticas fronterizas de España y del conjunto de la Unión Europea, a las que acusó de ir bajando la línea de separación: "La frontera que vemos, no es solo la valla y el mar, hay una frontera virtual. En Marruecos los inmigrantes no se pueden mover, ni integrarse. Se está bajando la frontera de España poco a poco al sur, esto es algo que no funciona y España lo sabe. Es una vergüenza", espetó.

Asistentes a la mesa redonda previa a la XI Marcha de la Dignidad.
Asistentes a la mesa redonda previa a la XI Marcha de la Dignidad.

Al final de su intervención le siguieron aplausos y un grito del público: "No son simples muertes, son asesinatos".

La segunda ponencia corrió a cargo de Viviene Ogou, investigadora, fundadora y presidenta de Puerta África y especialista en relaciones internacionales entre la UE y África. Ella amplió el espectro del aniversario a "400 años de exclavitud y 150 de apartheid y maltrato" hacia las personas africanas y descendientes de africanos. "No hay ningún país en el mundo donde puedan vivir en paz", subrayó.

Puso sobre la mesa cifras que apuntan al "asesinato por acción u omisión de más de 30.000 personas en las fronteras europeas" y al fallecimiento a diario de "dieciocho personas intentando llegar a las fronteras españolas".

La raíz del problema la ve Ogou en el dominio ejercido por los países occidentales sobre el continente africano y en la ausencia de "descolonización política y económica". Lo que ha resultado en una "relación turbia con los gobiernos de estos países, muy corruptos y más pendientes de la ayuda oficial al desarrollo, que de su propia población".

Aprecia la investigadora que estos mandatarios "permiten que la mayor parte de las empresas tengan acciones europeas", lo que redunda en que "la decisión sobre los precios de los productos se tome en despachos del norte global", aunque, por ejemplo, "Costa de Marfil sea el principal productor de cacao a nivel mundial".

Asistentes a la mesa redonda previa a la XI Marcha de la Dignidad.
Asistentes a la mesa redonda previa a la XI Marcha de la Dignidad.

Sin otra opción, tal y como relató Ogou, las personas sometidas a esta precariedad "se ven forzadas a tomar vías tan inseguras, donde una cuestión social está siendo gestionada por militares", lo que acaba provocando "fallos del sistema, como el caso del Tarajal", pues "la mayoría de muestres se producen en el Sahara". Y es que, plantea Ogou que "los caminos fáciles se están intentando hacer difíciles".

Las complicaciones para los inmigrantes no terminan tampoco cuando consiguen cruzar a España. "Vemos como muchos están quince años y siguen en situación irregular, algo que baja el coste de la mano de obra". La única solución, a su juicio, pasa por reparar "más allá del discurso", es decir, "juzgar desde los crímenes de la colonización".

Precisamente, sobre la parte legal, habló Patuca Fernández, la abogada que ejerció la acusación por los hechos del 6 de febrero de 2014 en nombre de las familias.

"Tarajal es el nombre de una playa y de un puesto fronterizo, pero yo creo que ha quedado anclado en nuestra memoria asociado a la muerte de catorce compañeros. La sola idea de la violencia, de las muertes, de esa muerte injusta, ha convertido el Tarajal en una expresión de dolor. Es el icono de un dolor colectivo, de una rabia que permanece", clamó al inicio de su intervención en la mesa redonda.

Expuso seguidamente la situación de las familias y criticó los silencios que han marcado los últimos diez años. El de la Fiscalía, "que no fue capaz de solicitar ni una sola diligencia de investigación". El del Ministerio del Interior, tanto con su antiguo titular -Jorge Fernández Díaz, al que afeó visitar el lugar y no tener "un homenaje ni una oración por los muertos- y con el actual.

Asistentes a la mesa redonda previa a la XI Marcha de la Dignidad.
Asistentes a la mesa redonda previa a la XI Marcha de la Dignidad.

También recordó el silencio de las administraciones "que deniegan los visados a las familias" y el del Gobierno, "que ha tenido la posibilidad de reparar y no lo ha hecho".

Para Fernández, Tarajal es "un imperativo ético", es "transformar este dolor en justicia" y un procedimiento judicial doloroso, que finalizó "con un auto de sobreseimiento de modo libre en 2019", considerando que, "no hubo delito".

Su análisis indica que aquella resolución "priorizaba el control de fronteras sobre las vidas, avalando el uso de materiales antidisturbios contra personas en riesgo y creando un marco jurisprudencial sobre las vidas que merecen ser protegidas, valoradas y reconocidas y las que no".

Recordó también que el Tribunal Constitucional desechó su recurso e incluso les condenó a pagar las costas. Ahora el proceso se encuentra pendiente de que el Tribunal Constitucional decida sobre la casación, sin que de momento se haya permitido a las familias ser parte del procedimiento.

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