Dicen los expertos -y los datos- que el fraude eléctrico se ha incrementado en España de manera significativa a lo largo de los últimos años. Lo ha hecho -aseguran- hasta convertirse en "un serio problema con especial incidencia en algunas zonas del país".

Durante el pasado curso, en Ceuta, la Empresa de Alumbrado Eléctrico desmanteló, de media, "nueve fraudes al mes", suprimiendo, así, lo que la cúpula de Endesa considera "una práctica que supone una grave amenaza para la seguridad de las personas", una que genera "importantes perjuicios para el conjunto de la sociedad".

Afirman desde la filial caballa del Grupo Enel que "el fraude eléctrico le cuesta al conjunto de los consumidores españoles "más de 2.000 millones de euros al año", cifra que resulta a 69 euros al año por cada punto de suministro.

En Endesa, tienen claro que "la manipulación de las instalaciones eléctricas nos afecta a todos". No solo eso: la práctica "supone un riesgo físico que puede provocar la muerte de los implicados e, incluso, de terceras personas que nada tienen que ver". Para más inri, la temeridad "afecta a la calidad del suministro de los vecinos y cuesta dinero a todos los consumidores".

Al cierre de 2023, el monto de casos de fraude detectados en nuestra ciudad asciende a la friolera de 102. La energía recuperada vinculada a dichos expedientes alcanza, según datos oficiales, a 6,1 GWh, lo que equivale al consumo de "1.700 hogares".