PRÓXIMO PLENO

El Gobierno descarta la concesión administrativa como vía para la gestión de la limpieza

El Gobierno descarta la concesión administrativa como vía para la gestión de la limpieza
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Un operario de Trace limpiando en la zona de la plaza de la Constitución./archivo
El Ejecutivo espera constituir una Comisión de Estudio para abordar qué hacer con la limpieza en el próximo Pleno. En la misma participarán los grupos políticos y un ramillete de técnicos

El Gobierno no prevé que la vía de la concesión administrativa sea la elegida para la gestión de la limpieza viaria y la recogida de basura. Esa opción daría un margen de al menos 25 años a la empresa elegida para operar el servicio y amortizar la inversión que tuviera que llevar a cabo. Pero tal y como ha explicado este miércoles, el portavoz del Ejecutivo, Alejandro Ramírez, no parece que esa opción tenga preferencia en los planes del Ejecutivo que sigue debatiéndose eso sí entre asumir el servicio con medios propios (municipalización) o volver a sacar a concurso el mismo para un contrato de servicios.

“La concesión administrativa tiene sentido cuando la Ciudad no dispone de medios para hacer los trabajos y la empresa pone esos medios y los va amortizando en un tiempo largo. Lo normal aquí sería la gestión directa o el contrato de servicio, pero…” están los informes por elaborar, ha explicado Ramírez.

Y es que buena parte de esos medios para el servicio, los está precisamente adquiriendo la Ciudad en estos meses. Recientemente licitó un concurso para la compra de vehículos y medios para la limpieza viaria y sigue trabajando para la construcción de una base de limpieza nueva en la zona portuaria, también con recursos propios.

Inversiones que disfrutará la empresa que se llevara un hipotético concurso por el servicio o que en el caso de apostar por la municipalización servirían para la empresa municipal que surgiera o en la que se integrara el servicio.

La decisión final la tomará el Pleno de la Asamblea y se prevé que sea en breve. En el próximo Pleno tiene planteado el Ejecutivo constituir una Comisión de Estudio del asunto que aúne a técnicos jurídicos, económicos y laborales junto con los grupos políticos para estudiar al detalle la situación del servicio y arrojar una decisión, nuevo pliego y nuevo concurso para un contrato de servicio o municipalización.

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