La subdirectora general de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM), Marta García, ha recepcionado esta mañana en Ceuta las obras de adecuación y mejora de los merenderos de la ciudad autónoma y de rehabilitación ambiental de la Punta del Chiclón, los dos primeros proyectos ejecutados en el marco de los convenios suscritos por el Estado con diferentes Autonomías para la conservación de los espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000.

En declaraciones a los medios García ha alabado como “inmejorable” la colaboración de la Ciudad Autónoma para la realización de ambos proyectos y ha tildado de “muy importante” el papel de Ceuta en el conjunto de la biodiversidad española. “Puede parecer que hablamos de un territorio muy pequeño”, ha advertido la subdirectora general, “pero hay que tener en cuenta que un tercio de la superficie de la ciudad, el porcentaje más alto de todas las regiones de España, está dentro de la Red Natura 2000, y que Ceuta tiene una importancia estratégica como punto de paso de las rutas de aves migratorias entre Europa y África”.

Las obras recepcionadas, cuyo presupuesto asciende a casi 400.000 euros, corresponden a la “adecuación y mejora” de "equipamientos de uso público y educación ambiental en espacios catalogados como Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Protección para las Aves (LIC-ZEPA)", esto es, los merenderos de Calamocarro, Isabel II, Aranguren y el Monte de la Toruga, que ahora ya son accesibles a los discapacitados; y la rehabilitación ambiental de la Punta del Chiclón, de cuyo entorno se han retirado más de dos toneladas de residuos de hidrocarburos en los 7.000 metros cuadrados sobre los que se ha actuado.

La consejera de Medio Ambiente ceutí, Yolanda Bel, se ha congratulado por la realización de los trabajos, de cuya conservación se encargará a partir de ahora la Administración local, y ha destacado que con ellos “se ratifica la línea de colaboración institucional que caracteriza la relación entre el Ministerio y la Consejería en múltiples ámbitos”. La Ciudad está obligada a mantener los espacios sobre los que se ha actuado en un adecuado grado de conservación a partir de ahora.

El convenio rubricado entre ambas Administraciones en 2009, cuya vigencia se extiende hasta 2012 y podría "alargarse" hasta 2013, según ha reconocido hoy García, tiene un presupuesto de 1,6 millones de los que el Estado aporta 1,4. Además de las ya realizadas prevé actuaciones para prevenir incendios forestales en las zonas de mayor riesgo e infraestructuras para la recuperación de fauna silvestre protegida.