Los líderes de la coalición Caballas, Mohamed Ali y Juan Luis Aróstegui, han comparecido este jueves ante los medios para apostar por la municipalización del servicio de limpieza pública con datos que, desde su punto de vista, avalan que así no sólo se lograría un ahorro anual de al menos dos millones de euros para las arcas de la Ciudad, sino también "mejorar en términos de eficacia y eficiencia el resultado del trabajo que realiza la concesionaria".

"El Gobierno de Vivas ha decidido postergar con premeditación y alevosía a después de las elecciones la renovación de esta adjudicación, pero teniendo en cuenta que a día de hoy le debe más de 12 millones a la empresa por su trabajo [al menos las cuatro últimas mensualidades, tanto de limpieza viaria como de la planta de transferencia, más 9 millones 'antiguos'] no es descabellado pensar que seguirá en las mismas manos", ha iniciado Ali.

Antes de extender un tupido velo de sospechas sobre las relaciones entre el Gobierno que preside Juan Vivas y la empresa adjudicataria de este servicio desde hace veinte años, Urbaser, Ali y Aróstegui han explicado que municipalizarlo, como también proponen para el de transporte público, es una apuesta "viable y sensata". Según sus números la Administración local paga a la empresa 1,2 millones de euros al mes y aproximadamente 18 al año. De dicho montante total resulta que su gestión cuesta 200 euros por cabeza cada ejercicio, "el doble que la media nacional, que oscila entre 80 y 120 en función de la ciudad de referencia".

"Municipalizar este servicio esencial no sólo contribuiría a abaratarlo descontando los dos millones de beneficio que obtiene por él Urbaser al año, sino también a mejorarlo implantando una gestión de sostenibilidad social", han argumentado desde la coalición, que ha vuelto a denunciar que la limpieza pública "deja mucho que desear en las barriadas de la periferia, donde los baldeos y la recogida de basuras son superficiales y donde proliferan los vertederos incontrolados".

La coalición también ha dejado claro que los 400 trabajadores que emplea Urbaser actualmente no tendrían nada que temer de esta propuesta: "La Ley deja claro que cualquiera que preste un servicio municipal permanece en su puesto con independencia de cual sea el modelo de gestión", ha explicado Aróstegui, a quien Ali ha complementado subrayando que, "al contrario, seguramente mejorarían sus condiciones de trabajo, se acabaría con los abusos laborales y con la multiplicación de jornadas a 20 horas o menos por semana, muchas como segundo empleo".

"Han pasado veinte años desde que Urbaser asumió este servicio y diez desde que el GIL lo prorrogó de una forma muy peculiar, sin concurso público, un plazo más que razonable para evaluar sus resultados", ha advertido Aróstegui sobre su posicionamiento, que ha tildado de "oportuno". "Ceuta está pagando más que nadie por un servicio mediocre, mal diseñado y peor ejecutado que sirve para barrer y baldear veinticinco veces al día la calle donde vive Juan Vivas, pero que atiende con mezquindad al resto de la ciudad", ha protestado.

"Vencido el contrato vigente", ha defendido, "tenemos la oportunidad de dar un gran saldo en términos de ahorro, eficiencia y eficacia con un servicio que nos cuesta 18 millones de euros al año sin contar ni el traslado de los residuos, ni la limpieza de contenedores, ni el trabajo que hace Obimace en el Tarajal, ni las adjudicaciones que otras instituciones como el puerto hacen por su lado".

Urbaser, un "agujero negro"

Urbaser es, según Caballas, "un agujero negro en el que caen sin control alguno los billetes del dinero público, sobre el que factura hasta el uso de los locales propiedad del Ayuntamiento que utiliza, pues nunca ha alquilado o construidos unos propios, como exigía el pliego de condiciones, siempre con la connivencia del Gobierno".

Aróstegui ha prolongado su valoración de esas relaciones advirtiendo de que "Urbaser está adquiriendo un protagonismo muy importante en esta ciudad, tanto que ya parece que manda más que Juan Vivas". "Lleva la limpieza viaria, la transferencia de residuos, la construcción del campus, el Plan Aparca, la peatonalización del Revellín, la contrata de la Autoridad Portuaria...", ha enumerado.

"El Ejecutivo del PP y Urbaser no dejan de hacerse favores en un hermanamiento que no termina de estar muy claro y que perjudica al interés público porque lo que es evidente es que cuando una empresa tiene un trato tan bueno que hasta contrata a los trabajadores del CAS cuando la Ciudad lo cierra es porque gana mucho dinero", ha advertido.

El Pleno de noviembre de 2000

Sin referirse expresamente a aquella Sesión, Caballas ha vuelto a traer este jueves a la actualidad el Pleno de la Asamblea de noviembre de 2000 en el que, todavía con el GIL en el Gobierno ceutí, se aprobó extender hasta 2011 sin concurso la concesión a Urbaser del servicio de limpieza ampliando su coste a más de 10 millones de euros al año.

El PP tildó entonces de "pirueta legal" aquella decisión, aunque la oposición no ha dejado de acusar a los Populares de "bendecirla". Según las memorias publicadas por el ex presidente de la Ciudad Antonio Sampietro, como concejal de Obras y Limpieza, Jesús Simarro "tenía que gestionar la prórroga con la concesionaria de la basura, Urbaser, que tenía como delegado a un hijo de Abril Martorell. Se barajaba la posibilidad, parece que era lo habitual, de que en caso de renovación, habría una comisión de quinientos millones de pesetas. Yo dije en una reunión que si eso era así, había que ponerlos sobre la mesa y decidir entre todos qué hacer con esa cantidad. Simarro se opuso totalmente y negó que existiese tal comisión. Después se dijo que Aída [Piedra] recibió cincuenta millones de esa comisión".

"Estoy seguro de que Urbaser soltó el dinero", prosigue Sampietro en el relato de sus recuerdos, "y un día me encontré a Pablo Abril Martorell en el barco y le dije de todo y más por lo que había hecho y que el dinero sucio de la basura había servido para derrocar a un presidente y que así lo diría siempre hasta que me muera y que a ver si tenía narices de llevarme a los tribunales por esa afirmación. Bajó la cabeza y no respondió".