Caballas avisa al Gobierno: La contratación de publicidad como la ha venido haciendo es ilegal

- La coalición ha planteado a través de una interpelación reconducir la situación mediante la firma de convenios con cada medio de comunicación

- El Gobierno gastará a partir del uno de enero 4.500 euros diarios en publicidad en los medios de comunicación locales

Una vez más, los medios de comunicación han vuelto a centrar una discusión entre el Gobierno y la oposición, concretamente entre Caballas y el Ejecutivo. Y tampoco esta vez, Radio Televisión Ceuta, el medio de titularidad municipal, centraba la discusión. Caballas ha preguntado al Ejecutivo de Vivas sobre las intenciones que tiene para gastar la partida de 1,7 millones de euros que ha consignado en el capítulo II del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma para el próximo ejercicio para insertar publicidad en los medios de comunicación locales. Y lo ha hecho esperando la respuesta prevista para advertirle acto seguido de que el método de funcionamiento habitual no se ajusta a la legalidad para, tras la estocada, tratar de orientar al Ejecutivo para que firme convenios individuales con cada medio.

El planteamiento de Caballas es nuevo en su posicionamiento político. En la Asamblea realizada por la formación tras el golpe de las elecciones de mayo se oyeron voces favorables a llevar el gasto en publicidad a los tribunales para tratar de atajar lo que muchos en la formación consideran un lastre para su crecimiento político, el trato de favor de los medios al Gobierno por el gasto en publicidad desmesurado que hace el Ejecutivo de Vivas. Ahora la coalición no parecer querer atajar de raíz el gasto, si no más bien reconducir la situación hacia la legalidad y en la medida de lo posible racionalizar el gasto o distribuirlo al menos en base a unos criterios racionales que escapen del mero control político del Ejecutivo.

Aún así, Aróstegui ha criticado la cantidad incluida en la partida 1,7 millones, “4.500 euros diarios en publicidad. No es una menudencia, es 3,5 veces lo destinado al salario social y una de las partidas más importantes del Capítulo II del Presupuesto. ¿Tiene actividad el Ayuntamiento de Ceuta para justificar semejante gasto?”, se ha preguntado el localista.

Y tras pedir que se afronte el debate con honestidad, Aróstegui ha hecho una generalización rotunta: “Si el Ayuntamiento no paga no hay medios de comunicación”. Y tras la afirmación, Aróstegui ha señalado unas cuántas obviedades y lugares comunes que justifican la existencia de los medios de comunicación en un sociedad democrática y la conveniente para la salud del sistema de contar con unos medios capaces e independientes. Para pedir que si se han de subvencionar los medios que se haga conforma a “unos fines ordenados y no sin criterios claros, ni nada”, como ha dado a entender se viene haciendo hasta ahora.

Aróstegui ha señalado además que el asunto “no es una cuestión menor” habida cuenta de las peculiaridades que adornan la sociedad ceutí, “un polvorín” y ha pedido exigir a los medios que quieran recibir dinero público el respeto a unos determinados valores democráticos y de fomento de la convivencia. “¿Puede un medio de comunicación financiado con fondos públicos publicar una opinión racista en un lugar preponderante de su publicación?”, se ha preguntado Aróstegui en alusión al artículo de Jesús González en El Pueblo de Ceuta que está en el origen de la declaración contra la islamofobia que el Pleno suscribiría por unanimidad poco después de este mismo debate, aunque la pregunta la ha lanzado dejando claro que no era un ataque dirigido al particular ni quería que eso centrara el debate, en un tono mucho más conciliador del que había usado en ocasiones anteriores en estos asuntos.

La misma pregunta retórica con la misma respuesta, no, en otros ejemplos reales como la vida misma y rutinarios en las redacciones de esta ciudad: “¿Podemos subvencionar con fondos públicos empresas que no pagan trabajadores, alquileres, Seguridad Social?”. Situaciones que suceden y que no podrían darse de usarse la figura del convenio como sucede con las entidades sociales a las que se les exige estar al día y justificar cada euro de subvención.

Si nada cambia y se sigue funcionando mediante contratos de publicidad y pagando a medios que se sabe caen en estas cuestiones es, según el relato de Aróstegui “por miedo. Claro que tenemos miedo. Yo el primero. Aquí el señor presidente ha pasado en un día de ser la reencarnación de Churchill a Tempranillo en un solo día”. Nueva alusión al mismo diario.

Así el localista ha pedido convenios que obliguen a unos objetivos de fomento de valores democráticos y de convivencia a los medios y que los fuercen a respetar a sus trabajadores, al tiempo que se establecen criterios claros como la difusión o el número de trabajadores contratados para asignar dinero público.

Por alusiones, Vivas le ha dicho a Aróstegui que “es más halagador lo de Churchill”

- “Pero más caro”, le ha replicado el localista.

- “Pero soporto lo de Tempranillo”, ha cerrado el chascarrillo Vivas antes de dejar la réplica en manos del responsable de la partida de publicidad, el consejero de Medio Ambiente, Emilio Carreira.

Y Carreira no ha entrado a discutir la importancia de los medios o que sin dinero del Ayuntamiento no habría información local. “Mi única discrepancia es que no son subvenciones”, ha defendido su gestión y su gasto mediante contratación de servicios en forma de publicidad.

“Yo no tengo miedo de ningún medio de comunicación y jamás he aceptado un chantaje, ni lo voy a hacer”, ha aseverado con rotundidad, antes de separarse del argumentario de Aróstegui también en el punto de decirle a los medios lo que pueden o no publicar. “A mí no me gustan determinadas cosas que leo en los medios digitales cuando los consulto por el teléfono, pero me aguanto. Ni tampoco sus opiniones de los jueves, que las leo, cuando nos llama fascistas y no sé cuántas cosas más, pero creo que tiene derecho a decirlas”. Aunque tras el matiz, Carreira ha reconocido que el gasto en publicidad irá en la línea de fomentar aquellos puntos en los que el Pleno de la Asamblea ha ido encontrando unanimidad en los debates, como precisamente el rechazo a la islamofobia de poco después, el respeto al medio ambiente, o el fomento de la convivencia.

Carreira ha negado que el Gobierno le haga algún vacío a ningún medio de comunicación, como ya había pasado alguna vez, gracias al reglamento que sigue vigente que aprobó el Consejo de Gobierno, cuando el rector de la publicidad institucional era el hoy senador, Guillermo Martínez. Un reglamento que ha reconocido Carreira tiene orden de actualizar.

El reconocimiento esperado por parte de Carreira de que la publicidad la contrata el Gobierno como una prestación de servicios más, ha servido a Aróstegui para trazar la línea roja y señalarle al menos tres incumplimientos legales que cometía el Ejecutivo con ese procedimiento. Aróstegui ha puesto en solfa los criterios de inversión publicitaria que ha defendido Carreira para poner el ejemplo de “medios que aparecen y de la noche a la mañana reciben su publicidad, algo que no había pasado nunca”.

Carreira se ha enrocado en la legalidad de la gestión del Gobierno en su segundo turno de respuesta y no ha prometido ningún cambio en la gestión de la publicidad.

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