Caballas quería conocer con exactitud los datos relativos a una subvención de 80.000 euros que Procesa ha concedido a “una empresa vinculada a la Vicepresidenta I de la Asamblea”, según la coalición. Pero se ha quedado con las ganas.

El Gobierno no ha tenido a bien facilitar el expediente a la oposición. Una práctica de “incomprensible oscurantismo” y que no respeta “los acuerdos alcanzados en la Junta de Portavoces, y las propias instrucciones emanadas de este órgano”, según ha recogido la coalición a través de un comunicado de prensa remitido este lunes.

La coalición ha anunciado que ante esta actitud piensa presentar una “protesta formal en la próxima Junta de Portavoces”. Una pataleta formal que espera le sirva para exigir al Gobierno que cese en este tipo de prácticas que obstaculizan el trabajo de la oposición y arrojan sombras de sospecha donde deba haber claridad y transparencia”.

Explicaciones del Gobierno

El Ejecutivo ha reaccionado con celeridad ante la acusación explicando que todo se debe a un mal entendido y asegurando que la coalición puede ver el expediente cuando lo desee.

En concreto desde el Gobierno el relato de los hechos es que el diputado Juan Luis Aróstegui acudió en la mañana de este lunes a Procesa a ver el expediente, pero se lo pidió a un trabajador. El trabajador "de forma prudente" le solicitó a Aróstegui que esperara a que su jefa, Kissy Chandiramany le diera el visto bueno. El diputado de Caballas entendió esta reacción como una negativa y se fue.

El Gobierno cree que lo que estaba buscando "era el poder dar la queja en una nota de prensa". El acuerdo existente al que hace alusión Caballas en su nota de prensa es el de que no existe la necesidad de cursar la solicitud de información a la Mesa de la Asamblea como sucedía con anterioridad, sino que se da acceso a los expedientes con total transparencia, si bien, el Ejecutivo achaca lo sucedido a la prudencia del trabajador y a nada más e insiste en que el expediente está a disposición de la coalición.