Mohamed Ali, Juan Luis Aróstegui y Mohamed Haidor han presentado este jueves a los medios la enmienda que, en forma de presupuesto alternativo, ha registrado Caballas frente a las cuentas públicas aprobadas inicialmente por el PP en el Pleno para 2018, un total de unos 300 millones de euros en los que la coalición metería la tijera para obtener 40 millones de euros de "gastos superfluos" que contempla el Gobierno de Vivas y que dedicaría a "crear empleo, construir viviendas, atender a las barriadas con más necesidades y sostener políticas sociales reales adaptadas a la realidad de la ciudad".

"Queremos", ha explicado Ali, "demostrar que con los recursos que tiene la Ciudad se pueden hacer otras cosas y 2018 podría ser un punto de inflexión no para resolver del todo pero sí para empezar a atajar problemas estructurales como el del empleo, la falta de viviendas, la pobreza, el fracaso escolar, la frontera o el transporte marítimo".

Bajo el título de 'Recuperar la ilusión' después de seis años de "pésima gestión económica y política" de los de Vivas, Caballas opina que es necesario atajar la "dispersión del gasto innecesario" y focalizar los esfuerzos en "las soluciones para los problemas de los ceutíes que no atiende el PP".

Como la creación de empleo "debe ocupar un papel central en la agenda política", Caballas dedicaría cinco millones a "generar puestos de trabajo" con un Plan de Empleo para personas en riesgo de exclusión social, otro juvenil y un Plan de Ayudas con contraprestaciones en la realización de tareas comunitarias, destinadas a colectivos mayores de 45 años sin prestaciones sociales y con cargas familiares. 

Seis destinaría al "fortalecimiento del tejido empresarial", la mitad para "programas de contratos y subvenciones enfocados a abaratar el precio del transporte marítimo para viajeros; ampliar y mejorar los servicios y la atención directa a los visitantes; e incrementar el empleo en el sector del comercio y la hostelería". El resto, para un Plan de Inversiones en los Polígonos del Tarajal y para la puesta en marcha de un Parque Tecnológico que concrete una apuesta verdadera por la “industria digital”, a juicio de la coalición "uno de los pilares sobre los que debe descansar la nueva economía de Ceuta".

Con diez millones financiaría un Plan de Atención Personalizada a las Familias sin Recursos (2); el denominado 'Ningún niño con menos de tres comidas calientes al día' (1) y un programa de becas que garantice que "ningún joven deje de estudiar por falta de recursos". Además, dedicaría dos millones al IMIS y otros tantos al Alojamiento Alternativo, partidas que año tras año se agotan antes de final de año al PP.

Quince millones propone consignar Caballas para poner en marcha un Plan de Inversiones en Núcleos Poblaciones Deprimidos (3) como Arcos Quebrados; Cortijo Moreno; Arroyo Lavadero; Finca Guillén; Serrallo, etcétera; para un Plan de Inversión y equipamiento en Barriadas (7) "elaborado en función del estado y de las necesidades de cada una de ellas"; y para la activación de la Agencia Integral para el Desarrollo del Príncipe (5), un instrumento que se encargaría de "lograr su plena normalización recuperando su dignidad, un desafío ineludible desde el más elemental sentido de la responsabilidad".

Finalmente, el Programa de construcción de mil viviendas públicas empezando por el Brull tendría 4 millones de presupuesto en 2018 porque, aunque el Gobierno no contempla nada al respecto, para los de Ali "que más de 3.000 ceutíes, según los datos oficiales, sean demandantes de vivienda obliga a mantener la inversión en VPO como un objetivo prioritario".

Esta "enmienda a la totalidad" de las cuentas del PP se sufragaría "restringiendo al máximo los gastos imputados al Capítulo de Personal que no son estrictamente gastos para el sostenimiento de la plantilla de empleados públicos", por ejemplo dejando la dieta de más de mil euros que cobra cada diputado por ir al Pleno en 426 euros mensualas y recortando la lista de caros políticos; "maximizando" la eficiencia del gasto público con compras centralizadas y la supresión de contratos "que no sean estrictamente necesarios para el funcionamiento de los servicios"; corrigiendo la política de subvenciones y "aplazando las inversiones que no tengan un impacto directo en la consecución de los objetivos marcados".