La consejera de Hacienda del Ejecutivo de Ceuta, Kissy Chandiramani, someterá este martes a la consideración de Comisión Informativa la modificación del Reglamento de Apuestas de la Ciudad de 2010 para embridar la proliferación de salones de juego y apuestas, evitar que los menores accedan a esos establecimientos o tengan contacto con ellos y blindar la entrada de quienes constan como no autorizados para entrar con un Registro de Interdicciones.

El Gobierno de Vivas se propone “atemperar” el crecimiento del número de locales de ese sector que se ha registrado en la ciudad durante los últimos años.

La modificación del Reglamento recogerá que el número máximo de autorizaciones de funcionamiento de locales de esa naturaleza será “el que resulte de aplicar la ratio de un salón de juego por cada 16.000 habitantes”, pero que en cualquier caso los que pudieran ponerse en marcha “habrán de estar a una distancia a pie o poligonal superior a 100 metros respecto de otro local específico de apuestas o salón de juego, guardería, centro de Educación Infantil o de enseñanza no universitaria a excepción de los de personas adultas”.

Los abiertos que no cumplan cuando les toque renovar su autorización de funcionamiento con la nueva distancia mínima dispondrán de un plazo de diez años desde la entrada en vigor de la modificación del Reglamento para seguir operando.

Además, la instalación de terminales de apuestas “sólo podrá autorizarse en los locales específicos, casinos, bingos o salones de juego de tipo B”, aunque las empresas hosteleras autorizadas “podrán continuar explotándolas”, según recogen las Disposiciones Transitorias incluidas en la propuesta de cambio de la normativa local.

El texto también estipula que los salones “deberán disponer de un servicio de control de admisión a la entrada para identificar a los usuarios que accedan y registrarlos con la presentación de DNI, NIE o pasaporte”, para lo que dispondrán de un máximo de nueve meses.

La empresa titular de cada uno de ellos será la responsable del incumplimiento del deber de prohibir el acceso a los menores de edad y a las personas inscritas en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego, que es “el sistema destinado a recoger la información necesaria para hacer efectivo el derecho subjetivo de los ciudadanos a que les sea prohibida la entrada en los casinos de juego, salas de bingo, locales específicos de apuestas y salones de juego”.