Enrique Santiago Araujo fue asesinado por falangistas en agosto de 1936. Su cuerpo apareció junto al de otros siete hombres en la puerta del cementerio con un tiro en la nuca. El joven doctor socialista moría así con 26 años, pero no sus ideales, que siguieron muy vivos. Tanto que su nieto es hoy secretario general del Partido Comunista de España (PCE) y secretario de Estado de la Agenda 2030 del primer gobierno de coalición de izquierdas de la historia de la presente democracia española, la que arrancó en 1978. La otra democracia, la II República, murió acribillada como Santiago Araujo.

Hoy, 85 años después, su nieto se ha sumado al homenaje de UGT a su abuelo, aunque no como un homenaje personal, sino un homenaje a la reivindicación de la memoria Histórica, agradeciendo especialmente el trabajo de UGT en este terreno en Ceuta, ”por su dedicación en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras que es la defensa de la construcción de la democracia (…) que no nos ha regalado nadie y menos por supuesto los supuestos padres de la Constitución. Es el resultado del trabajo abnegado del pueblo, de muchas personas que han estado trabajando por defender y extender los derechos para todos los españoles. Pero también agradecer a UGT por este premio que lleva este nombre tan conmovedor, (Antonia Céspedes, ‘La Latera’) una trabajadora que entregó todo, hasta su vida, por la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, los que menos tienen, los que más necesitan y los que menos piden”.

Para Santiago es necesario además ensalzar un premio como el de ‘La Latera’, “un premio único en España”: “Este premio no está reconociendo u homenajeando a mi abuelo, el doctor Enrique Santiago Araujo, obviamente lo recuerda, es un ejercicio de memoria democrática, pero la importancia de este premio es que es para esas mujeres, para mi abuela, pero también para las otras cuatro madres de mi padre, que eran mis tías, Amalia, Eloísa, Carmela y Pepita, que como tantas otras mujeres en este país tuvieron que sacar adelante a sus familias solas y sacar adelante también a una sociedad que quedó destrozada por un acto de felonía absoluta y de traición al pueblo español, realizado por servidores públicos que hicieron quizá lo único que no se le puede perdonar a un servidor público al cual se le ha confiado constitucionalmente el uso de la fuerza y de las armas, que es una cosa muy seria, para defender el orden y la legalidad, la constitución y a su pueblo. Lo peor que puede hacer un servidor público es volver esas armas contra el pueblo al que tiene que proteger. Y desgraciadamente en la historia reciente de nuestro país ha sucedido tres veces”.

“Todavía hay mucha gente a la que la democracia le vale hasta que se cuestionan sus privilegios y que en el momento en el que ven amenazados esos privilegios están dispuestos a no respetar la democracia, es decir, la Constitución. La República fue el régimen constitucional del que se dotaron los españoles y el deber de la República era defender la legalidad democrática”, señalaba Santiago, en un mensaje que tiene una lectura en la actualidad, recordando los discursos del líder de Vox, Santiago Abascal, ensalzando la dictadura desde el Congreso y dudando de la legitimidad de un Gobierno salido de las urnas y con el respaldo del Congreso de los Diputados.  Discursos que avivan el miedo a la repetición del drama, alertaba el líder del PCE en el acto de homenaje a su abuelo.

La única vía para contrarrestar este discurso es la memoria histórica, que, como exige la ONU a sus miembros, es un mandato de verdad, justicia y reparación. Y garantía de que no volverá a suceder. Una garantía que tiembla con discursos como los de la ultraderecha española, para quien, recuerden las palabras de Abascal, el Gobierno de coalición “es el peor de los últimos 80 años”, dictadura franquista incluida.

Santiago reclama para las víctimas de la represión franquista la verdad, la justicia y la reparación que exige la ONU. “No es venganza”, subraya, “no se trata de castigar, sino de reparación del daño causado a las víctimas”. El secretario de Estado de Agenda 2030 confía en que “la nueva Ley de Memoria Histórica haga justicia. Nadie pide venganza, no es un ajuste de cuentas, pedimos la reparación de la memoria de las víctimas y la garantía de que nunca volverá a suceder”.