“A dedo”, según denuncia el diputado de Caballas, Juan Luis Aróstegui, conforme a la Ley, eso sí, pero con “falta de coordinación” entre las distintas partes del Ejecutivo de Juan Vivas, el Gobierno ha contratado para una obra menor a una empresa con base en Tarifa a la que el área de contratación ya había sancionado por no cumplir.

En concreto la empresa es la misma que se llevó en su día el concurso para la mejora del cementerio musulmán. Una obra que acabó mal. Con una sanción por parte de Contratación por no cumplir con los plazos previstos y otra empresa, en este caso local, prácticamente abocada al cierre, según explican desde Caballas, por los incumplimientos de pago en los que se vio envuelta al haber sido subcontratada para desarrollar esos trabajos para los que se había elegido a la empresa gaditana.

Supone Aróstegui que la contratación de una obra menor, que no requiere concurso, la “habrá hecho directamente la Consejería de turno, sin tener en cuenta que Contratación la había sancionado”. Lo que en su opinión denota un “descontrol absoluto. Aquí cada uno contrata lo que le da la gana”.

“Son contratos menores que serán menores, pero se convierten en mayores. Cada uno sin ningún tipo de criterio ni de nada adjudica a dedo, dado que el contrato menor no necesita de un procedimiento de contratación y se hace a dedo, sólo hay fiscalización de Intervención que es económica y poco más. Lo que pedimos es que al menos pasen por contratación y que de alguna manera estén sometidos a más control”, ha explicado Aróstegui.

En definitiva, que “sean transparentes” y en concreto en el caso aludido “que si se sanciona a una empresa no se le den más contratos. Esta es una empresa que no hizo la obra, tardó, arruinó a otra, que menos que no se le hubiera vuelto a adjudicar una obra”.

La coalición entiende que es al presidente Vivas al que le corresponde poner “orden, de una vez por todas” en esa política de contratación. A la formación no le entra en las entendederas que las sanciones por incumplimiento no tengan ninguna incidencia en posteriores adjudicaciones.

Y avisa la coalición que esa política de “impunidad” ocasiona “enormes perjuicios porque las empresas actúan irresponsablemente en el momento de presentar sus ofertas, y negligentemente en la ejecución de las obras y en el cumplimiento de los contratos”.

“Son conscientes de que no pagarán sanción alguna. La tolerancia mostrada por la Ciudad ante los incumplimientos de los contratos está perjudicando muy seriamente los intereses municipales, tanto en el aspecto económico como en la calidad de las obras”, ha explicado la coalición a través de un comunicado.

La coalición ha aprovechado el nuevo “patinazo” del Gobierno para insistir en su ya vieja reclamación al Ejecutivo para que modifique el procedimiento de contratación en todas sus fases desde la elaboración de pliegos hasta el control de la ejecución de la contratación pasando por la adjudicación, a la vista de las “deficiencias y lagunas” del actual. Petición, entre otras cosas, de que sea el Pleno de la Asamblea quien ratifique los contratos de mayor calado y no sólo el órgano de Contratación. Algo a lo que el Gobierno se ha negado, según Caballas, “de manera absolutamente inexplicable”.