El consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, va a proponer aceptar, esta vez sí, la reivindicación que la concesionaria del servicio público de transporte en autobús urbano, la empresa 'Hadu-Almadraba', lleva años esgrimiendo: subir a 85 céntimos del precio del billete ordinario, que desde 2012 cuesta 80 céntimos con carácter general.

El Gobierno de Vivas prevé transferirle el año próximo a la compañía 350.000 euros para sostener los convenios que permiten a determinados colectivos socialmente menos favorecidos (estudiantes, parados trabajadores con sueldos bajos, pensionistas y jubilados) acceder a precios más reducidos al servicio.

'Hadu-Almadraba' lleva al menos desde 2015 asegurando que cierra cada ejercicio sin beneficios e incluso con pérdidas, lidiando con “una situación de inviabilidad económica" y exigiendo a la Administración que restablezca el "económico-financiero" de la mercantil para hacer posible la continuidad con la concesión administrativa.

Ese tira y afloja, con recurrentes amenazas de conflictos laborales de por medio, tiene en principio fecha de caducidad determinada: tras medio siglo, en 2019 caduca la concesión, que debe salir a concurso con la intención de que así se pueda equiparar a las ciudades "más avanzadas" del país, con información de llegada de los vehículos en tiempo real o conexión inalámbrica a Internet, entre otras herramientas.

‘Hadu-Almadraba’ se quedó el año pasado al borde de caer por primera vez de los 5 millones de pasajeros, límite que superó por apenas 1.067 personas. Solo entre enero y junio de este año ya había perdido otros 33.149 usuarios con respecto al mismo periodid el año anterior.

La compañia achaca estas "bajadas” a la situación en "el entorno de la frontera" ya que en paralelo "se ha registrado una subida en el uso de tarjetas escolares, jubilados y pensionistas”. Entre 2016 (5,06 millones) y 2017 el servicio perdió casi 100.000 usuarios. El ejercicio 2015 se había cerrado con 5,19 millones de transportados.