El delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco Antonio González Pérez, ha abordado este lunes a primera hora de la mañana con el secretario general de la Administración de Justicia, Joaquín Silguero Estagnan, la próxima implantación de la Oficina Judicial en Ceuta, prevista para el mes de octubre.

El alto cargo ministerial ha expuesto al delegado la "mejora de servicios" que para el ciudadano lleva aparejada esta nueva oficina.

La institución de la Plaza de los Reyes ha recordado en un comunicado a los medios que la Administración de Justicia está inmersa en un "profundo cambio" para "adaptarse a los avances tecnológicos y a las necesidades que demanda el desarrollo social y económico de una sociedad avanzada".

Desde el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia de 2001 y la Ley Orgánica 19/2003, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia está llevando a cabo un importante esfuerzo para la progresiva modernización de la justicia, en colaboración y coordinación con el Consejo General del Poder Judicial y las demás administraciones públicas con competencias en materia de justicia.

En el marco de este compromiso, el Plan Estratégico para la Modernización del Sistema de Justicia 2009-2012, aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de septiembre de 2009 fija, como uno de sus objetivos generales, lograr que esta administración esté dotada de una organización adecuada, de profesionales altamente cualificados y de los medios materiales y técnicos precisos para desempeñar su misión de modo ágil, afectivo, accesible y atento con la ciudadanía.

Un proceso de modernización "imparable"

Este proceso de modernización de la Administración de Justicia es "imparable", según la Delegación, y tiene "un objetivo fundamental: ofrecer a la ciudadanía una justicia de calidad". La Oficina Judicial es "el principal motor de este cambio".

El libro V de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, define en su artículo 435.1 la Oficina Judicial como "la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales".

Su diseño se ha concebido para "mejorar la eficacia, la eficiencia y la transparencia de las actuaciones judiciales, agilizar la resolución de trámites y procesos, y fomentar la cooperación y coordinación entre las distintas administraciones". Su puesta en funcionamiento responde, por lo tanto, "al compromiso con un servicio público próximo y de calidad, conforme a los valores constitucionales y ajustado a las necesidades actuales de la ciudadanía".