La Guardia Civil ha confirmado que desde que comenzara su cruzada contra el uso que se da a los pabellones entre 6 y 7 agentes habrían entregado las llaves de forma voluntaria por no hacer uso de la instalación y esas viviendas ya se han reasignado a otros agentes. Mientras el expediente abierto tras recibir una denuncia de otro agente que puso en conocimiento de la Comandancia que algunos de los pabellones no eran usados por sus beneficiarios continúa su curso.

Y en ese curso se ha vuelto a cruzar este viernes la polémica política que ha suscitado el asunto. Caballas que ya preguntó en el último Pleno por la posibilidad de que ACEMSA hubiera entregado a la Comandancia datos personales de los agentes que tenían asignados los pabellones, ha vuelto a la carga con el asunto en ese mismo sentido. Llegando incluso a adelantar que de confirmar sus sospechas pedirá la dimisión de la consejera de Fomento y presidenta de Acemsa, Susana Román, “por mentir y decir en el Pleno que no se facilitaron datos personales de ningún agente sino sólo el número de contador y su lectura”, ha manifestado la diputada Fatima Hamed en rueda de prensa.

Tanto Acemsa en su día, como Román y la propia Guardia Civil niegan ese extremo y reducen las pesquisas a las lecturas de los contadores de los pabellones que son propiedad de la Comandancia de la Guardia Civil. Pero a pesar de esa afirmación la diputada de Caballas se encontró este jueves con la negativa de los funcionarios de ACEMSA para que pudiera ver el expediente sobre la solicitud de información que realizó en su día la Guardia Civil. Y la pega puesta, para sorpresa de la diputada fue precisamente que dejarle ver esa información podría vulnerar la Ley de Protección de Datos, según ha relatado ella misma esta viernes.

Hamed ha vuelto a denunciar la opacidad con la que actúa el Gobierno a la hora de facilitar la labor de fiscalización de sus acciones a la oposición. Es la segunda queja de Caballas esta semana en ese mismo sentido. Además, Hamed ha referido que la información que le aportaron el jueves los técnicos de Acemsa es que no consta ningún expediente de salida de información por escrito a la Comandancia de la Guardia Civil. Si puede haberlo en soporte informático, pero esa información se le negó el jueves a la diputada.

Si bien, el gerente de Acemsa hace otra interpretación distinta. "Se quiere saltar el procedimiento habitual que es que la Mesa de la Asamblea a mí me ordene facilitar la documentación", ha apuntado Emilio Carreira, que insiste en que no hay ningún problema con la información y en que sólo se le facilitó al a Comandancia la lectura de los contadores y en ningún caso información personal. 

Una vez más desde Caballas han recordado que les ampara la Ley para acceder a esa información. “Los diputados tienen derecho a recibir directamente de los funcionarios de la Ciudad los documentos necesarios para realizar la labor de fiscalización al Gobierno”, ha insistido Hamed. La diputada ha citado jurisprudencia favorable incluso a esa tesis cuando choque la inspección de la documentación con la Ley de Protección de Datos.

Y este es precisamente el argumento que ha esgrimido el Gobierno. A pesar de insistir en que en ningún momento se le facilitó a la Comandancia de la Guardia Civil datos de carácter personal sobre los agentes que ocupan los pabellones, el propio portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, ha reconocido este viernes que la información que ha pedido ver Caballas está pendiente de un informe de la secretaria general para asegurarse de que no se vulnera la Ley de Protección de Datos. “Si corresponde se le dará”, ha asegurado Martínez.

Pero “existe la duda por el carácter personal de los datos que pueda contener el expediente. No sé si a cualquier ciudadano le gustaría que Aróstegui viera datos personales suyos”, ha explicado Martínez. O lo que es lo mismo, el expediente que recoge la petición de información de la Guardia Civil y su contestación a la petición puede contener datos personales de los agentes y esa circunstancia ha llevado al Ejecutivo, que hasta ahora lo había negado, a poner la petición de información en manos de la secretaria para que dictamine si Caballas puede ver el expediente sin que se vulnere la Ley de Protección de Datos.

Una aparente contradicción que ya había señalado en su rueda de prensa la diputada de Caballas, Fatima Hamed. “Es curioso que a mí no me dejen ver el expediente porque puede contener datos personales y a la Guardia Civil sí se le remita la información”, ha señalado Hamed.

Hamed ha recordado que el acceso de la oposición a los expedientes es un “derecho fundamental” recogido en la legislación y ha insistido una vez más para que el Gobierno actúe con transparencia en este sentido, dando por hecho que se han dado instrucciones políticas a los funcionarios para que impidan el acceso a expedientes a la oposición.

“Nos vamos a tener que hacer una camiseta con el artículo del reglamento que nos otorga ese derecho”, ha ironizado Hamed, que ha pedido que “se hagan las cosas diligentemente”.

La clave está en saber si Acemsa ha facilitado datos personales a la Guardia Civil pudiendo vulnerar lo recogido en la Ley de Protección de Datos. Un asunto que tanto el Gobierno como la Comandancia de la Guardia Civil niegan, pero que ha supuesto ya la denuncia ante la Agencia Nacional de Protección de Datos de varios agentes que se han sentido afectados por el asunto.

Han pedido que se esclarezca el tema por parte de la Agencia. De encontrarse una violación de esa protección de datos a la Ciudad Autónoma le podría caer una multa, “que pagaremos todos por una mala gestión del Ejecutivo”, ha apuntado Hamed. La diputada ha reconocido que no hay más que sospechas hasta el momento: “Como no sabemos que datos constan en el expediente no sabemos si se ha guardado el conveniente secreto de los datos o no”, ha explicado.

Los hechos

Según han explicado desde la Comandancia todo surge a raíz de una denuncia de un agente interesado en ocupar uno de los pabellones. El denunciante puso en conocimiento de la Comandancia la posibilidad de que algunos compañeros con el pabellón asignado no estuvieran haciendo uso de él, como después con la entrega voluntaria de algunos de ellos, se ha corroborado.

La Comandancia opta por requerir datos sobre el consumo de agua a Acemsa e insiste que en ningún momento solicitó datos personales, sino tan sólo la lectura de los contadores de los pabellones que son de su propiedad. Con la contestación de Acemsa, se ha podido comprobar que más pabellones de los ya entregados presentan un consumo muy bajo que podría significar que los pabellones no tienen uso real.

Con esa información, la Comandancia ha remitido las pesquisas a los interesados para que presenten sus alegaciones y está pendiente de resolver el expediente que podría significar la retirada de ese pabellón en muchos casos.

Varios agentes al descubrir las investigaciones que estaba llevando a cabo la Comandancia han presentado una denuncia formal ante la Agencia de Protección de Datos para que esclarezca que clase de información remitió Acemsa a la Comandancia.

Una información a la que Caballas entiende que tiene derecho para acceder por su condición de oposición y que el Gobierno ha negado, basándose en que el transmitir esa información a la oposición podría vulnerar la Ley de Protección de Datos, la misma que varios agentes entienden que se ha vulnerado por parte del Gobierno.

“No se trata de echar a nadie por echar, sino de que el que no lo ocupe lo deje libre para que lo use otro compañero”, han explicado desde la Comandancia de la Guardia Civil. El asunto de fondo es que se ha descubierto que algunos agentes que se beneficiaban del pabellón no vivían en él.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles permanece vigilante ante el asunto, y está a la espera de que se finalice el expediente para emprender acciones o no.