Era el primer Pleno desde su abrupta salida de Caballas en el que la diputada Fátima Hamed dispondría de la oportunidad de elevar propuestas al Pleno de la Asamblea como si fuera un grupo político al uso. Y en su primera oportunidad presentó dos iniciativas, una para extender los colectivos que se benefician de las bonificaciones en los billetes de autobús urbanos y otra para pedir más facilidades para que los adjudicatarios de vivienda protegida paguen sus deudas con la administración.

Pero quizás lo más llamativo estuvo en las formas, más que en el fondo. Hamed en un ejercicio de funambulismo político fue capaz de enmendarse a sí misma, transaccionarse la propuesta en su última intervención para salvar medio acuerdo con el Gobierno y sacar adelante su idea.

Hamed pidó al Ejecutivo que incluyera en el convenio recientemente ampliado en 90.000 euros hasta llegar al cuarto de millón con la empresa Hadú Almadraba a los estudiantes de más de 23 años y los parados como beneficiarios de bonificaciones en los billetes.

Fue la titular de Servicios Sociales, Rabea Mohamed, la encargada de debatir con ella este asunto y la que le mostró desde el inicio su intención de votarle en contra, dado que el convenio recientemente firmado ya es inmodificable. Aunque Mohamed mostró desde el inicio su predisposición a estudiar estas ideas de cara a la renovación para 2015 del mismo.

De nada sirvió que Hamed argumentara que en ciudades bajo signo popular como Sevilla ya se ayuda a estos colectivos. Así que la diputada optó por hacer el papel del Gobierno y sugerir una transaccional a su propuesta inicial, que recogiera el compromiso del Ejecutivo a incluir a estos colectivos en el futuro convenio en 2015. “Le ofrezco una transaccional”, le espetó Hamed a Rabea, invirtiendo los términos normales de la negociación.

El asunto obligó a intervenir a Vivas para fijar desde el PP y no desde la proponente los términos de la enmienda, el Gobierno estudiará una redistribución de las cantidades que figuran en el convenio y la posibilidad de incluir nuevos colectivos “con sujeción a la distribución presupuestaria”.

Y es que la propuesta de Hamed no iba acompañada de un estudio que cuantificara el coste de la medida, ni tampoco lo elaboró el Gobierno. Así todo parece indicar que de cara a 2015 los estudiantes de más de 23 años entrarán a formar parte de los colectivos con derecho a bonificación, habida cuenta que su repercusión económica se calcula asumible. Pero parece más difícil que se dé ese salto a los parados cuyo número, más de 13.000, podría hacer tambalear las arcas públicas si tuvieran que sufragar sus viajes en el bus urbano y disparar el coste del convenio hasta lo inasumible.

VPO

No hubo acuerdo alguno posible en la otra propuesta que defendió Hamed. La consejera de Fomento, Susana Román, le negó el voto a favor al entender que lo que proponía ya lo está aplicando y ejecutando el Ejecutivo. “Estamos cansados de que intenten ganar la partida cada vez que ven cómo nos vamos a mover nosotros”, le zanjó la disputa Román.

La titular de Fomento le explicó a Hamed que el Ejecutivo ya está aplicando por acuerdo del consejo de Gobierno con fecha de 28 de febrero de este año dos medidas claves para evitar que nadie con una vivienda pública adjudicada deje de poder disfrutarla por cuestiones económicas.

De un lado el Ejecutivo está dando la posibilidad de refinanciar la deuda, incrementando el plazo a pagarla, algo que sube también el monto final, pero rebaja considerablemente la cuota mensual –como en cualquier operación financiera al uso- haciéndola más asequible.

Y como plan B, el Ejecutivo está permitiendo que algunos adjudicatarios a los que ni tan siquiera llegaría con la anterior opción entreguen la vivienda, se acojan a un alquiler alternativo y a cambio vean cancelada su deuda.

Román explicó que hasta la fecha han recibido 150 solicitudes para renegociar la situación con la ciudad de beneficiarios de VPO, de las que 134 han sido aceptadas. Muchas de las rechazadas lo son por escasas décimas en los coeficientes establecidos en el proceso por lo que además el Ejecutivo se plantea reformar la norma que dictó en febrero para poder acoger a la casi totalidad de los que han pedido tregua en los pagos.

Desde Caballas se pidió que se eliminara de la ecuación la segunda opción manejada por el Ejecutivo, la de que un beneficiario de VPO tenga que entregar su casa por no poder asumir la deuda de forma puntual por vicisitudes económicas y vitales. “No le hemos quitado la vivienda a nadie”, apostillo el presidente Vivas y así lo refrendo la propia Roman extendiendo el compromiso a futuro: “Nadie va a salir de una VPO mientras yo sea resposable”.