MDyC ha aprovechado la sesión de control al Gobierno para poner en cifras lo que ha supuesto la entrada de TRAGSA en Ceuta desde 2017: 88 encomiendas y casi 80 millones de euros, 15 millones al año, resumía la portavoz localista Fatima Hamed, que negaba también la eficacia y conveniencia que defiende el Gobierno alegando una agilidad en los plazos que los de MDyC consideran un chiste.

El consejero de Fomento Alejandro Ramírez, por contra defendió la eficacia de TRAGSA que, recordó, es un medio propio, una empresa pública, con sus precios tasados y sus plazos fiscalizados, que, aunque si bien es cierto que han encontrado problemas “técnicos” que han supuesto una demora y un sobre coste, como el Díaz Flor, la Gran Vía o Claudio Vázquez, sí han ejecutado en tiempo y forma muchas otras como la explanada de Loma Colmenar o los jardines de San Antonio.

“Mas que propio, habría que denominarlo impropio, porque ya se lo ha dicho una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales sobre la adjudicación de obras a Tragsa en la Comunidad Valenciana para remarcar que ‘no es admisible’ que las Administraciones Públicas encarguen a esa empresa pública en zonas o núcleos urbanos, como empresa constructora del sector público estatal, autonómica y provincial, en claro detrimento de la competencia" (junio 2019)”,rebatió Hamed.

Pese a ello, insistió Ramírez, “TRAGSA es una herramienta más de la Administración y se va a seguir utilizando para alcanzar los objetivos que tiene previsto el Gobierno”. “Nos centramos en lo que no nos gusta pero hay muchas otras que se han terminado”.

Pero para MDyC, esa herramienta no hace sino distorsionar el mercado en Ceuta: “La facturación de esta multinacional agraria se ha multiplicado por 40 cada año, provocando que la mayoría de la inversión pública de nuestro ayuntamiento quede en manos de esta empresa. Y ese es el problema, cerca del 50% de la inversión de esta institución se ha entregado a dedo a una sola empresa, que ha provocado el incumplimiento en la finalización de las obras, el encarecimiento de las inversiones y la nula creación de empleo, que ha supuesto una exportación de la renta de nuestra ciudad a otros territorios”.

En cuanto a los plazos, Fatima Hamed recordó tres ejemplos mas que evidentes: la Gran Vía, Claudio Vázquez y el polideportivo Díaz Flor, que, según Ramírez está ya terminado a falta de darle uso: “El claro ejemplo lo tenemos justo aquí abajo, esa obra faraónica de la Gran Vía que todavía no han dado por finalizada, que se iniciaba en enero de 2018, con un plazo de duración de 14 meses, es decir marzo de 2019, pero han trascurrido 48 meses y todavía no han cerrado esta obra, tres veces y media más de lo previsto. Y en cuanto al coste lo encargaron por un total de 7.812.758,67 euros, según nuestros datos el coste final puede rondar los diez millones de euros, casi un tercio más de lo presupuestado, sin incluir los “extras” que como la “valorización” del convento de los trinitarios ha aumentado. Lo mismo ocurre con la Obra de Capitán Claudio Vázquez, iniciada en marzo de 2018  y una duración de 15 meses, previsto en junio de 2019, la acabaron en febrero de 2021, 20 meses más de lo acordado. El coste iba a ser 4.994.001,20 de euros. Se calcula que ronda los seis millones el coste final. Casi dos veces y media más de lo previsto y un 20% más de coste.

Podemos hablar del Díaz Flor, primero le encargaron en julio de 2017 la redacción del proyecto del “Nuevo pabellón deportivo” por un importe 156.209,00, solo la redacción y les dieron un plazo de tres meses.  Y en diciembre de ese mismo año, le encomiendan las obras por 7.871.996,36 euros, por un plazo de 13 meses, estamos a enero de 2022, cuatro años después y continúan las obras”.

Un problema que no trató de negar el Gobierno: “Es una cosa evidente que no se han cumplido algunos plazos, en algunas obras ha habido muchísimos problemas técnicos y se han hecho dificultosas y son obras estratégicas que requieren una actuación compleja y tiene sus plazos de contratación, tiene que licitar igual que nosotros, con la garantía del cuidado del dinero público, no es una empresa”.