Es la segunda máxima autoridad nacional en materia de menores: su visita a Ceuta no podía pasar desapercibida; sus movimientos aquí, menos todavía. Así se esperaba que fuese cuando tocó tierra -ayer mismo- y así ha acabado siendo: el secretario de Estado de Juventud e Infancia se ha dejado ver esta semana por la ciudad autónoma -en el contexto de una presión migratoria de auténtico récord- en un acertado intento por conocer de cerca la realidad que aquí se palpa desde comienzos de año.

Tras llevarse "una sensación muy positiva" al hilo de sus encuentros programados con las entidades del tercer sector que están metidas de lleno en faena, Rubén Pérez Correa ha dedicado su agenda de este 16 de abril a resolver la parte institucional. Así, el segundo de a bordo del Ministerio que comanda Sira Rego se ha reunido a puerta cerrada con los máximos jerarcas de Ceuta para debatir a propósito de la coyuntura fronteriza que esta última atraviesa.

En total, han sido veinte minutos de comparecencia. Antes de eso, cerca de hora y media de lo que Juan Vivas ha calificado a su término como "una reunión muy satisfactoria". En la línea que tanto lo caracteriza, el presidente ha aprovechado la ventana que le han brindado los medios para agasajar a posteriori a su hoy huésped. "Gracias por haber venido para tratar un asunto tan delicado y difícil como lo es la situación límite que vive el Área de Menores", pronunciaba públicamente el jefe del Ejecutivo local.

Vivas cree que Pérez "ha optado por lo conveniente", por "lo más acertado". Lo cree porque, aun teniendo a su disposición "todos los informes que se podían pedir", al final, "no hay nada mejor para captar la realidad que acudir al sitio y conocer de cerca lo que en él está sucediendo". Siendo esa la premisa, el alcalde considera que, "a través de este gesto, se demuestra el interés que tiene la Secretaría de Estado hacia el fenómeno de la migración de menores no acompañados y hacia sus especificidades".

A pesar de haber verbalizado su intención de no repetir "las cifras que ya todos conocen", Vivas ha acabado por señalar que, desde que dio comienzo el presente 2024, "han llegado a Ceuta 288 menores" frente a los 43 contabilizados al cierre del mismo tramo del anterior ejercicio. "El incremento es del 560%", subrayaba el mandatario, que incidía en que la circunstancia "desborda nuestra capacidad de acogida", cifrada en 132. "Actualmente, estamos en 300", recordaba.

Por fortuna para el grueso de la ciudadanía caballa, Vivas y Pérez han coincidido este martes "en muchas cosas". La primera coincidencia es la de que "el interés del menor es absolutamente prioritario"; la segunda, que la tesitura constituye "un asunto de Estado". "No es algo que afecte exclusivamente a Ceuta, a Melilla, a Canarias y a Baleares", remarcaba el mandatario. Así las cosas, Vivas y su Gabinete abogan por "aplicar las políticas necesarias y adecuadas para atender debidamente la situación".

Decía el presidente que, antes de dar por finiquitada la reunión, ha trasladado a Correa que "la posición de la Ciudad -y la de la Asamblea- es que hace falta tomar medidas inmediatas y urgentes". En esta misma línea, Vivas se ha permitido la licencia de hacer llegar al secretario su propio parecer: "Debemos establecer mecanismos legales, estables y estructurales que, mediante el traslado de menores a la península, permitan que Ceuta no tenga que acoger a un número superior al que determina su capacidad". La postura del máximo responsable del Gobierno local es clara: las comunidades autónomas han de ser "solidarias".

Para Pérez, el solo hecho de que haya en Ceuta "dos Administraciones trabajando in situ" requiere "una reflexión profunda". El funcionario defiende -en sintonía con su hoy anfitrión- que "la situación migratoria de cientos de menores no es un problema exclusivo de las comunidades que los reciben". "Es una cuestión de derechos humanos y de la configuración del Estado que queremos; no podemos permitir que Canarias, Ceuta y Melilla sufran un colapso mientras el conjunto de los territorios tienen plena capacidad para ser solidarios motu proprio", remachaba.

Según Correa, el Gobierno del que él mismo forma parte lleva años trabajando, precisamente, en "mecanismos de solidaridad", unos mecanismos que, en 2022 y 2023, permitieron establecer "un criterio de reparto en ratios perfectamente asumibles por parte de las comunidades". Para muestra, un botón: "En una región como Andalucía, con 8 millones de habitantes censados, una acogida de 28 menores aliviaría los sistemas de protección de las islas y de las dos ciudades autónomas".

La clave de todo viene aquí: paralelamente a lo vivido este martes en nuestra salada tierra, "la Comisión Interministerial se ha reunido para abordar la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería", un movimiento que, entre otras cosas, "permitirá la asunción de responsabilidades a través de la legalidad". Por si no ha quedado claro: la cosa viene a significar que, una vez reformada la ley que regula los derechos y libertades de los extranjeros en suelo español, las comunidades estarán obligadas a recibir menores sin ningún tipo de contrapartida. "Entendemos que la solidaridad debe ser obligatoria", apuntaba el declarante.

"Necesitamos mecanismos ágiles", sintetizaba Pérez, que apelaba a "la responsabilidad de las autonomías" y ponía de ejemplo al archipiélago canario por colaborar su Gobierno con "entidades sociales que velan por los derechos de los menores". "Cuando hablamos de España, hablamos de construir un país que sea digno en la asunción de sus responsabilidades internacionales", defendía el Secretario de Estado.

Correa parafraseaba a Vivas con aquello de que "el interés del menor ha de estar por encima de cualquier situación administrativa". Y es que, a la vista del colapso actual, surge un elemento no precisamente baladí: las condiciones en las que se encuentran los menores una vez llegan a nuestro país. "Estamos intentando que estas sean lo suficientemente dignas", adelantaba Pérez. El objetivo, no obstante, no es nada fácil de conseguir; resulta importante recordar que hablamos de "un territorio de apenas 19 kilómetros cuadrados".

Pese a que la modificación de la Ley de Extranjería va a suponer, de facto, una imposición en toda regla hacia los gobiernos autonómicos (sean estos del color que sean), Pérez ha anticipado que, antes de eso, "se va a dialogar con todas las comunidades autónomas para que asuman un incremento". Eso sí: los traslados correrán a cuenta del Ministerio. El segundo de Juventud e Infancia cerraba el asunto con un tajante "los financiaremos nosotros".

Es evidente que lo de tomar medidas corre una prisa más que endiablada. Lo cree la población ceutí, pero también lo cree Correa, que quiere que esas mismas medidas se adopten "de manera inmediata" por la sencilla razón de que "no sabemos cuántos menores van a seguir viniendo". Lo que está claro es, justamente, eso: que van a seguir viniendo.

En resumidas cuentas, no hay otro escenario posible que no sea "acoger a los menores y ofrecerles itinerarios personales de vida". En lo que Moncloa tramita la modificación del marco legal, Juventud e Infancia va a convocar "una nueva Conferencia Sectorial para aprobar otro traslado". Si todo sale bien, saldrán de Canarias próximamente alrededor de 300 menores. En Ceuta, el monto previsto alcanza el centenar.