El delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco Antonio González Pérez, ha asegurado que su “flexibilidad” se ha acabado y que “no permitirá” más ocupaciones de obras públicas, con su consiguiente paralización, como la que se ha producido esta semana, durante dos jornadas, en la promoción de 317 viviendas protegidas que la empresa ‘Vías’ está construyendo en Loma Colmenar.

En las grúas de este mismo proyecto se amotinaron varios desempleados a mediados de julio durante varios días reclamando, como ahora, que para su ejecución se incorpore a parados locales y no se traigan trabajadores de la península. Ni entonces ni esta semana la Policía Nacional, que desplazó varias unidades hasta el lugar de los hechos, intervino para desalojar a los manifestantes.

“Quiero que quede muy claro que la Delegación y la Policía tienen la obligación de hacer cumplir la Ley y que el ámbito de flexibilidad que hemos mantenido hasta ahora ha finalizado”, ha advertido González Pérez en declaraciones a los medios. “Si hay otra ocupación y la empresa que la sufra lo denuncia vamos a actuar porque no hacerlo sería dejación de funciones y permitir que se violen también los derechos de los trabajadores, ya que la legislación podría amparar a la constructora para cesar en su actividad”, ha explicado subrayando que según ‘Vías’ cada jornada que pierde le supone unas pérdidas de “6.000 euros”.

El delegado ha dicho “entender” las razones que mueven la protesta de los desempleados, pero también ha afirmado que ‘Vías’ se ha comprometido a incorporar parados de Ceuta “siempre y cuando sus cometidos no sean especializados y no se encuentren profesionales capacitados en la ciudad”.

“Entiendo las situaciones humanas que dan pie a estas reivindicaciones y aquí han estado durante varios días, ante las puertas de la Delegación, insultando incluso a la institución y a este delegado, y no ha pasado nada, pero incumplir la Ley o cometer un delito es algo distinto”, ha distinguido González Pérez, quien ha recordado que las cosas “no se deben sacar de quicio” y ha remarcado que “en el resto de España hay otros 5,6 millones de personas en igual o similar situación”.

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