El Pleno de la Asamblea ha aceptado este lunes por unanimidad una propuesta socialista para crear una unidad específica para un mejor seguimiento y control de los contratos adjudicados por la Ciudad y limitar, como principio general pero no absoluto, que la duración de los contratos de la Administración local no supere los 10 años.

"Todo lo que pueda repercutir en un mayor nivel de control y seguimiento de los contratos cuenta con el beneplácito del Gobierno", ha aseverado el consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos, Guillermo Martínez, quien ha recordado que en la actualidad cada contrato tiene asignado a una persona para su control y quien ha explicado que cuando se detecta un incumplimiento, se impone la sanción correspondiente.

Carracao ha defendido su propuesta como una forma de "avanzar en la racionalización de los recursos públicos para conseguir mayor eficiencia y eficacia en las labores de dirección y supervisión de la ejecución de los contratos que suscriba la Ciudad Autónoma" y de evitar que se reproduzcan casos como la polémica de los pagos a Urbaser.

Aróstegui ha terciado en el debate para advertir de que lo realmente necesario es "cambiar la política de Contratación" de la Ciudad Autónoma, entre otras cosas devolviendo la competencia al Pleno, y ha denunciado que de poco servirá otra unidad de control si no existe la voluntad política de hacer cumplir sus adjudicaciones a las concesionarias.

Respecto a la duración de los contratos, Martínez ha rechazado limitar de forma general lo que la ley permite, que los contratos excedan los diez años de duración, y ha argumentado que si bien el Gobierno comparte la "bonanza" del objetivo y la idea "como principio general", deberá analizarse la casuística, es decir, podrá haber casos, como aquellos en los que el contrato conlleve una importante inversión, en los que su vigencia supere la década. El resto de grupos ha aceptado la consideración.

En cuanto a la creación de una unidad de control y seguimiento de los contratos, el Pleno ha dado su visto bueno a expensas de adecuar esa unidad, si procede, a la futura Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que prepara el Gobierno de Rajoy.