El Gobierno local del PP ha cogido el guante que Ciudadanos lanzó en el Pleno y ha cerrado una propuesta para modificar el régimen vigente de bonificaciones en el ‘recibo único’ que aglutina las tasas por prestación de servicios de abastecimiento de aguas, alcantarillado, recogida de residuos sólidos urbanos y estación depuradora de aguas residuales. Su planteamiento pasa por introducir la renta familiar como criterio básico en lugar de la categoría fiscal de la calle de residencia y por excluir de rebajas a aquellas con ingresos superiores a dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), fijado en  532,51 euros al mes.

El nuevo sistema de bonificaciones "incorporaría criterios de justicia tributaria y de redistribución de la renta, principios estos de cuya inexistencia adolece nuestra Ordenanza Fiscal”, según los Populares.

Desde 1998, las tasas que en la actualidad integran el ‘recibo único del agua’ cuentan con un escalado tarifario que tiene en cuenta la ubicación de las viviendas en función de la categoría fiscal de la calle o vía donde se ubica, resultando que las tarifas aprobadas para las calles de categoría A se van reduciendo porcentualmente: un 20% en las de categoría B; un 30% en las C; un 40% en las D y un 50% en las de nivel fiscal E.

El Pleno de la Asamblea acordó en 2012 a propuesta de Caballas aplicar a las viviendas ubicadas en las vías de categoría C, D y E bonificaciones del 50%, el 75% y el 95%, respectivamente, sin tener en cuenta tampoco la capacidad económica del obligado tributario.

El mecanismo resultante, que cuesta a la Ciudad 2,4 millones de euros al año, es 'sencillo' pero 'injusto', ya que según el Gobierno da pie a “una casuística muy diversa de supuestos en los que el sujeto pasivo carece de recursos económicos y no puede acceder a esta bonificación mientras obligados tributarios con gran capacidad económica gozan de esta ventaja fiscal”.

El sistema actual beneficia al 61,40% de las unidades familiares. El que promueve la Consejería de Hacienda, referenciado directamente a la capacidad económica de las mismas, alcanzaría al 46,3% de las familias, siendo el mayor porcentaje “el de aquellas unidades familiares con ingresos inferiores al IPREM (28,9%)”, 7.455 obligados tributarios en términos absolutos que solo pagarían un 15% de la tarifa. A continuación se beneficiarían de rebajas (62% menos) 2.333 usuarios cuyos ingresos oscilan entre una y 1,5 veces el IPREM, y 2.558 obligados con hasta 2 veces el IPREM (-34%). Mayores de 65 años y familias numerosas pagarían un 50%.

Para implementarlo se propone crear un censo de unidades familiares cuyos ingresos no superen el doble del IPREM. Una vez creado y diseñado, de forma que fuese “vivo y actualizable mensualmente”, los ciudadanos incluidos en el gozarían de las bonificaciones en el factor fijo de disponibilidad en distintos porcentajes: 85%, 62% y 34%.

Agua, solo el factor fijo

La propuesta de reforma del sistema de bonificaciones al ‘recibo único’ establece que “hay ser extremadamente cautos en la bonificación al suministro de agua excluyendo de la misma aquella parte de la cuota compuesta por el factor variable de la misma, dado que una bonificación excesiva supondría fomentar el despilfarro del agua mediante el uso irresponsable y descontrolado de la misma”.

En este sentido, la Directiva europea 2000/60 de 2000 estableció un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas en cuyo artículo 9 dispone que su política de precios “deberá proporcionar incentivos adecuados para que los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos y, por tanto, contribuyan a los objetivos medioambientales”.