La consejera de Presidencia del Ejecutivo local, Mabel Deu, va a presentar la próxima semana una enmienda al texto de la nueva Ordenanza Reguladora del Procedimiento Sancionador para los Incumplimientos de la Ciudadanía en relación a sus obligaciones con el Padrón aprobado provisionalmente por el Pleno en primavera con el fin de modular su régimen sancionador y no considerar el primer expediente por inscripción indebida por falta de veracidad en la acreditación de la vecindad en el domicilio como infracción leve susceptible de multa de hasta 750 euros, sino que tal categoría se alcance cuando se instruyan dos.

En la misma línea, a la infracción grave (con sanciones de entre 750,01 y 1.500 euros) sólo se llegaría con tres expedientes y a la muy grave (de 1.500 a 3.000 euros de penalización pecuniaria), con cuatro o más o por "la detección de falsedad documental respecto a la documentación aportada al procedimiento de alta y/o cambio de domicilio".

El “espíritu” de la Ordenanza pasa por fomentar “la corresponsabilidad ciudadana en materia de la dispensación de servicios públicos asistenciales o que conllevan un notable gasto  en su gestión pública y cuyos destinatarios son aquellos ciudadanos que gocen de vecindad administrativa en nuestra ciudad”.

El importe de las sanciones tiene como finalidad “que la comisión de las infracciones a que den lugar no resulte más beneficiosa al infractor que el cumplimiento de la normas infringida”. Podrán ser sancionadas tanto personas físicas como jurídicas, así como “quienes presten su consentimiento en proceder al empadronamiento o cambio de domicilio a sabiendas de su falta de veracidad”. Cuando el cumplimiento de las obligaciones impuestas corresponda a varios conjuntamente, estos deberán responder “de forma solidaria”.

Desde 2013, cuando el Ejecutivo local puso en marcha un plan de “inspecciones aleatorias” de los datos de residencia efectiva, hasta principios de 2019 se expulsó del Padrón o se negó la entrada en él a más de 12.000 personas. Solo el último año completo antes de la pandemia se tramitaron 5.873 expedientes para la revisión del Padrón y se propusieron 2.333 bajas. En 2020 su número cayó sensiblemente con la frontera cerrada.