El PSOE eleva las compras a Kibesan a 124.000€ y Vivas defiende la legalidad de las actuaciones

- Ninguna de las compras a la empresa encontradas por Carracao hasta el momento supera los 3.000 euros y todas se habrían producido desde el mes de marzo hasdta la actualidad

- Vivas anuncia que Bel saldrá a dar explicaciones a la opinión pública en breve y adelante que los informes recabados indican que todo es legal, al tiempo que pone el acento en defender la honestidad de su equipo

- "Pongo la mano en el fuego" por Bel, ha sentenciado el presidente

Una nueva vuelta de tuerca a lo que se perfila como un nuevo culebrón de gestión y acusaciones de negligencia en sus actuaciones para el Gobierno. El secretario general del PSOE, José Antonio Carracao elevó este jueves los pagos realizados a la empresa ‘fantasma’ Kibesan 2000 SL de 27.000 a 124.000 euros, todos en facturas de menos de 3.000 euros para evitar cualquier salida a concurso de las compras.

Carracao ha lanzado esta información tras pasar por Servicios Tributarios y corroborar de nuevo que la empresa ni ha pagado IPSI ni se le espera, esto es, que no tiene ningún impuesto pendiente de pago. Lo que ha llevado al secretario general de los socialistas a preguntarse por de dónde ha sacado la mercancía suministrada a la Consejería de Gobernación. Su tesis es sencilla: en Ceuta no se fabrica el material comprado por la ciudad, luego Kibesan tiene dos opciones o lo compra fuera y tendría que haber pagado IPSI por importación o lo compra a otro proveedor local, con lo que la administración podría ahorrarse el intermediario y optimizar el gasto.

La cantidad sale de la partida destinada para arrancar al Plan de Empleo que maneja la Consejería de Presidencia, Gobernación y Empleo que rige la número dos del Gobierno, Yolanda Bel. Además, según la información que maneja el PSOE, todas las compras a la empresa se habrían producido en un corto espacio de tiempo, de marzo para aquí y las facturas (como mínimo 42) en muchos casos se corresponden con compras minúsculas como 6 pares de botas.

En agosto de este mismo año, la sociedad presentó ante el Registro Mercantil las cuentas de varios de los últimos ejercicios contables y cesó a su administrador único, para nombrar a una sustituta como administradora única y socia única, Inmaculada Aguilera Gutiérrez.

El socialista reclama al Gobierno que explique qué es lo que está pasando y el Ejecutivo tiene previsto poner ante los focos a la propia Bel “más pronto que tarde”, tal y como ha anunciado el propio presidente Vivas este jueves.

“Todo es legal”

“Habrá una explicación porque en este caso como en otros no hay nada que ocultar”, ha atajado la polémica el presidente Vivas, que se ha ofrecido incluso a darle la información que él tiene al secretario general de los socialistas en la reunión que mantendrán ambos este viernes a primera hora de la mañana.

Vivas no ha parecido nada preocupado por la legalidad de las operaciones y sí por la reputación pública de su gabinete:

“Parto por decir que tengo plena confianza en la honorabilidad, honestidad e integridad de la consejera. ¡De todo el Gobierno! -ha enfatizado el presidente-, pero como ha salido ahora este caso concreto quiero decir que yo pongo la mano en el fuego por ella y acredito su absoluta honestidad, integridad y honradez”, ha reiterado Vivas.

El presidente ha dicho que Kibesan es una de tantas, más de un centenar, de las empresas a las que compra mercancía el área que gestiona Bel. Gastos diversificados en muchas empresas locales con el ánimo y la voluntad política del Ejecutivo de que “el gasto de la Ciudad esté lo más repartido posible entre todos los empresarios de Ceuta al objeto de que no haya concentración ni monopolio, y todo el mundo pueda participar del gasto y la inversión pública desde el punto de vista del empleo y desarrollo de la actividad económica y comercial”, ha argumentado Vivas.

Pero el presidente se ha mostrado más sereno y contundente a la hora de hablar de los aspectos más técnicos de las compras. Así, Vivas ha adelantado que la Consejería una vez saltada la polémica ha requerido informes a los departamentos municipales correspondientes para cerciorarse de que la gestión llevada a cabo es legal.

“La empresa cumple con todos los requisitos para ser contratista de la Ciudad. Con todos los requisitos legales. Y no existe fraccionamiento del objeto del contrato”, ha adelantado el presidente en lo que parece ser el núcleo de la defensa que esgrimirá “más pronto que tarde” la consejera Yolanda Bel ante la opinión pública, documentación en mano.

“Lo más importante es poner de manifiesto nuestra vocación de transparencia. Son personas honestas, honradas e íntegras. Podemos equivocar la gestión y merecer la crítica, pero de ahí a otros comportamientos que entran dentro de la indecencia… No van a conseguir ponernos en evidencia porque no son propios de nosotros”, ha cerrado Vivas

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