La consejera de Fomento del Gobierno de Ceuta, Susana Román, se ha comprometido este viernes en el Consejo de Gobierno a elevar a su reunión semanal ordinaria de la próxima semana la adaptación de la normativa local al acuerdo adoptado por el Ejecutivo de Rajoy el pasado 25 de mayo con el fin de acabar con el sistema vigente de licencias municipales de apertura de comercios para que ningún comercio de menos de 300 metros cuadrados precise de una licencia previa para poder iniciar su actividad.

Cuando se concrete la modificación, bastará una declaración responsable del emprendedor y un informe técnico que certifique que el establecimiento cumple todas las ordenanzas municipales, así como el pago de las correspondientes tasas municipales.

El objetivo del Decreto-Ley aprobado por el Consejo de Ministros es "liquidar un proceso burocrático que provocaba importantes dilaciones en las aperturas" (de media entre seis meses y dos años, según el Ministerio de Economía). Dichas demoras conllevaban "costes adicionales para los emprendedores, que tenían que sumar a la inversión en reformas o acondicionamiento del local las pérdidas derivadas de no poder abrir por falta de permisos pero sí tener que pagar el alquiler o las cuotas de la hipoteca".

A partir de la publicación en el BOE de la normativa, el comerciante sólo está obligado a entregar al Ayuntamiento "una declaración responsable en la que asegure cumplir todos los requisitos exigibles para desarrollar su actividad" acompañada de un justificante "que acredite el pago de las correspondientes tasas municipales y de un informe de un profesional competente que acredite que el local es apto para el negocio que se va a emprender y que cumple la normativa local de higiene y seguridad". A posteriori, la Administración local debe verificar el cumplimiento de la legalidad. 

Bares y cafeterías, excluidos

La norma está dirigida sólo a empresas del comercio minorista (quedan exluidos bares y cafeterías, así como actividades con impacto en el Patrimonio artístico u ocupación de bienes de servicio público), con establecimiento permanente cuyo umbral de superficie de venta no supere los 300 metros cuadrados.

Su ámbito de actuación se extiende a actividades como alimentación, frutería, carnicería, charcutería, pescadería, panadería, parafarmacia, textil, confección, equipamiento de hogar, electrónica, muebles, materiales de construcción, ferretería, calzado y otras.