UDCE no conforme con la contestación recibida ha anunciado ya de ante mano que tiene “intención de remitir a este órgano fiscalizador cuanta documentación estime conveniente a fin de dar la mayor transparencia posible a la gestión del Gobierno. Una gestión que se ha caracterizado hasta la fecha por la opacidad de información en la misma”.

“El Tribunal de Cuentas nos ha constestado”, dice una nota de prensa remitida por Unión Demócrata Ceutí. Lo ha hecho el 4 de noviembre. Y según explica el partido de la oposición, ha “considerado el dossier remitido” junto con los documentos que añadía el partido en el envió, 13 expedientes de operaciones crediticias en los últimos dos años. Pero la intención del Tribunal no es otra que “tener esa documentación en cuenta en el contexto de las fiscalizaciones periódicas que el órgano somete a la corporación local”, continúa la nota de prensa.

Es decir que el Tribunal no va a llevar a cabo ninguna acción que no estuviera prevista en base a la información aportada por UDCE. Para UDCE, éste es “un trámite más para depurar las responsabilidades económico-financieras que pudieran desprenderse”.

Elevado endeudamiento

El principal partido de la oposición en la Ciudad, Unión Demócrata Ceutí, remitió el pasado mes de octubre un escrito al Tribunal de Cuentas. Su objetivo era alertar a este órgano sobre el elevado nivel de endeudamiento que está propiciando la gestión de Juan Vivas al frente del Ayuntamiento.

“Unos niveles de endeudamiento que están”, a juicio de UDCE, “sobrepasando los límites de capacidad de carga” de las arcas municipales. A UDCE le preocupa esta situación por la posibilidad de dejar sin margen de maniobra a futuros Gobiernos locales.

El Dossier remitido por el líder de la oposición al Tribunal de Cuentas recogía también un estudio elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda “acerca de la deuda viva que mantenían las distintas corporaciones locales”. En ese estudio se advertía a la Ciudad Autónoma, al ser “una de las corporaciones que presentaba una de las deudas más altas de España por habitante”. Una advertencia que reiteraba la ya realizada por el propio Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización de 1998-2001.