El líder de la oposición en la Asamblea, Mohamed Ali (UDCE), ha denunciado a través de un comunicado de prensa que "la aprobación por parte del Consejo de Gobierno del reconocimiento extrajudicial de deuda a favor de ISR por la elaboración del Plan Integral de Gestión de Residuos con un importe de 70.000 euros puede suponer la comisión de un delito de prevaricación por parte del Ejecutivo que preside Juan Vivas".

Según UDCE "el citado Plan, elaborado a dedo por la empresa ISR, y abonado mediante la fórmula del reconocimiento de deuda, implica en primer lugar la celebración al menos de una 'contratación verbal' que no era de emergencia, supuesto éste único donde la Ley de Contratos del Sector Público permite tal procedimiento". De acuerdo con Ali se trata de "una emergencia que ni se acredita ni se establece como criterio o argumento para el posterior reconocimiento de la deuda, sino que se emplean motivos para su justificación como la no existencia de personal propio para realizar dicho trabajo; un dato que se conoce desde el primer momento y que, en consecuencia ni da validez a la emergencia ni a la propia inexistencia de personal especializado".

Además, a juicio de UDCE la aprobación de la deuda implica que el Gobierno "ha empleado un procedimiento irregular de adjudicación para legalizar lo ilegalizable, produciéndose así un enriquecimiento injusto". "Debemos recordar que este tipo de proceder ya ha sido denunciado por este Grupo ante el Tribunal de Cuentas, por lo que parece haberse convertido en la praxis habitual de este Gobierno en otras parcelas de responsabilidad como es el ICD", ha comparado la formación localista.

Ali también ha usbrayado que "de seguir actuando así el Gobierno nos podríamos encontrar con algo tan grave como la no aplicación de los procedimientos de contratación mayor que regula la Ley de Contratos y que está vulnerando claramente el Ejecutivo, de tal forma que la adjudicación de contratos estaría única y exclusivamente sujeta a criterios de arbitrariedad".

Para UDCE el "contrato verbal" con ISR es "nulo de pleno derecho, dado que se ha omitido la consignación y el procedimiento legalmente establecido en el artículo 62 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común". Ali ha anunciado que dará traslado de esta denuncia al Tribunal de Cuentas, concretamente a su sección de Enjuiciamiento Criminal, "al objeto de que lo incorpore al expediente abierto que tiene el Gobierno por el 'caso Gobernación', dado que en ambos casos se produce un enriquecimiento injusto".

Después de que el PSOE denunciase, el jueves, la decisión del Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo ha subrayado que los reconocimientos extrajudiciales de deudas están permitidos por la ley y justificó la externalización de trabajos como este o el de la revisión del PGOU en su complejidad y en la "falta de personal especializado o de tiempo suficiente" en la Administración para ejecutarlos por sí misma. 

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