El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, ha asegurado este lunes que a su juicio es una "buena medida" la entrada en vigor de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento que obliga a las Administraciones Públicas a pagar a sus proveedores en el plazo máximo de 30 días. Según el líder del Ejecutivo local, para la economía "es sano" que se acorten los plazos de abono, actualmente considerablemente más largos, ya que "beneficia al empleo y puede reducir los costes de los bienes y servicios de las empresas en el caso de que se hayan repercutido al cliente".

"Las administraciones no estamos acostumbradas a esta exigencia, aunque sea necesaria", ha reconocido Vivas, quien ha defendido que su Gobierno está haciendo "todo lo que está a nuestro alcance" para recortar sus tiempos de pago.

"Hemos normalizado el procedimiento de presentación de las facturas y queremos que haya un solo registro en el que se presenten las facturas para centralizarlo y ser más transparentes, a fin de que se sepa qué gastos se han ordenado, quién lo ha hecho y por qué", ha detalaldo el jefe del Gobierno local.

Además, la Tesorería de la Ciudad realiza mensualmente sus previsiones financieras para dar cumplimiento a los pagos a los que la Administración debe hacer frente, y seguir lo dispuesto en el Plan de Sostenibilidad. La finalidad es que "los flujos de caja sean consecuentes con esta exigencia de pagar a los proveedores en un mes", ha señalado el presidente, quien ha anunciado que la marcha de los pagos a proveedores será tratada en el Consejo de Gobierno.

La norma europea obliga a Espana a garantizar, que una vez presentada la demanda contra la Administración, la deuda se satisfaga en un máximo de 90 días y, aunque no es retroactiva, también contempla la imposición de intereses legales por la demora.