VOX ha anunciado este 23 de abril que llevará tanto al Congreso de los Diputados como al Senado una proposición no de ley que persigue "establecer el marco de actuación de las Administraciones Públicas ante los efectos negativos de la inmigración ilegal masiva".

Dicen desde el partido que "España vive una situación límite". "Las personas que llegaron el año pasado a nuestro país multiplican por cinco la población de El Hierro e igualan los habitantes de provincias como Segovia o Huesca", señala la formación, que avisa de que las formaciones con representación en las Cortes "han acordado regularizar a medio de millón de personas que han llegado de manera irregular".

La portavoz de VOX en la Cámara Baja, Pepa Millán, considera que el resto de partidos criminalizan al suyo propio por "señalar una realidad incontestable": que "España no puede soportar semejante nivel de inmigración ilegal".

Según Millán, el objetivo de la iniciativa pasa por "rechazar la regularización extraordinaria" de todos aquellos migrantes que prevén solicitarla de aquí a futuro; también, "suprimir toda ayuda y beneficio social a aquellos que hayan vulnerado leyes españolas y comunitarias".

En la misma línea, Santiago Abascal y los suyos van pedir a Moncloa que tome "todas las medidas necesarias para proceder al cierre de los centro de MENA". El pretexto: "Todos los menores extranjeros deben ser repatriados con sus familias a sus países de origen".

La iniciativa registrada por los ultraderechistas también contempla "la suspensión de la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos migratorios", así como "el refuerzo de personal destinado a tramitar las solicitudes de asilo y resolver los expedientes de extranjería". El objetivo es bien simple: "Que nadie pueda verse favorecido por los retrasos de la Administración".

Cree Millán que "las consecuencias de la inmigración ilegal son especialmente negativas para los españoles más humildes", pues estos "sufren unos peores servicios sociales" y "una creciente inseguridad en las calles". La parlamentaria pone cita el ejemplo del País Vasco, donde "la mitad de las personas que reciben la renta de Garantía de Ingresos son de origen extranjero".