La “precaria situación del Sistema Nacional de Salud” ha empujado a los miembros de CSIF a concentrarse delante de todas las delegaciones de Gobierno de España para exigir un Pacto de Estado que garantice “unos salarios justos”, unas condiciones laborales estables y “una reestructuración y una reclasificación” de las categorías profesionales a través de la reforma del Estatuto Marco.

Para Alejandro Artero, responsable de Sanidad en CSIF, se trata de “una reclamación justa”.  Pide que se estipule “en función de los créditos de cada estudio”. Para ello “hay que hacer un estudio de cada categoría profesional de forma individualizada”, ha respaldado esta petición el presidente del sindicato en Ceuta, Juan Iglesias.

Se refiere así a la estructura de las titulaciones universitarias desde la implantación del Plan Bolonia en 1999 para la unificación de los sistemas educativos a nivel europeo. Este sistema engloba a los graduados (antiguos diplomados y licenciados, con 3 y 5 años de carrera respectivamente) en el denominado Grupo A, que cuenta con 240 créditos ECTS de 25 horas de trabajo lectivo cada uno. La subdivisión de esta categoría en los subgrupos A1 y A2 en el caso de España es para Artero una decisión “errónea” que el Gobierno debe enmendar.

Así pues la Central Sindical reclama el movimiento del personal de Enfermería pase a la categoría A1 (o que desaparezca la A2 y que los técnicos superiores “suban el escalón” al grado B. En este sentido, Iglesias apunta que la situación de medicina -o los arquitectos, por ejemplo- “es diferente”, por lo que sugiere un Grupo A+.

Todo ello permitiría equiparar los estudios españoles a los europeos, ya que “ un titulado alemán o francés puede venir a ejercer a España y sin embargo el español no puede ejercer en el resto de Europa”, por lo que “hay que unificar criterios”, resumen los sindicalistas. Para lograrlo CSIF ha adelantado que ya ha mantenido contactos con la Confederación Europea de Sindicatos Indpendientes (CESI) con la esperanza de que “haga la presión suficiente al Gobierno español para que haga la reestructuración”. En todo caso, avanzan que no tendrán reparos en tomar "medidas judiciales" para lograr sus objetivos.