SATSE ha denunciado que las enfermeras y fisioterapeutas embarazadas que trabajan en ocho comunidades autónomas llevan tiempo encontrando "distintos problemas" al momento de solicitar permisos o adaptaciones en sus puestos de trabajo durante los meses de gestación.

El sindicato subraya que "en estas comunidades autónomas, no se atienden adecuadamente las necesidades de las profesionales embarazadas, que siguen trabajando en su centro sanitario y que se ven expuestas a diario a numerosas situaciones que ponen en riesgo su salud e integridad física y la de sus futuros hijos e hijas (cortes, pinchazos, contagios, movilización de pacientes, manipulación de cargas...)".

Entre otras situaciones, las profesionales afectadas estarían encontrando problemas a la hora de ver concedido el permiso por riesgo en su embarazo, siendo generalizado el retraso en su concesión; entre otros motivos, por las diferencias de criterio en cuanto a la semana de concesión o por la valoración del inspector del INSS o de la Mutua correspondiente, pues no existen unos protocolos que fijen unas reglas uniformes.

SATSE explica que "la concesión de este permiso por riesgo en el embarazo suele demorarse en exceso, con una variabilidad y discrecionalidad significativa según el servicio donde se trabaja (UCIs, Urgencias, etc.), encontrándose, también, que el trato es diferente según la gerencia o centro sanitario, incluso, dentro de la misma comunidad autónoma".

Las ocho regiones donde no se estaría dando respuesta convenientemente a las necesidades de las profesionales embarazadas son Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Euskadi, Madrid y nuestra propia ciudad.

En la misma línea, la organización sindical también ha denunciado la "inexistencia generalizada de puestos de trabajo establecidos y regulados específicamente para que puedan ser desempeñados por las trabajadoras embarazadas durante los meses de gestación".

Ante esta realidad, "SATSE continúa exigiendo en las mesas de negociación que haya una normativa clara que acabe con la arbitrariedad existente según el centro de trabajo y la comunidad autónoma donde se esté trabajando y que se ofrezca una protección real y efectiva a unas profesionales que, por las características intrínsecas de su actividad laboral, se ven expuestas a diario en su estado gestacional a numerosas situaciones que ponen en riesgo su salud e integridad física".

Otro aspecto denunciado por el Sindicato de Enfermería es el relativo a la gestión de la adaptación del puesto para estas trabajadoras. Al respecto, la organización señala que, "tras la comunicación voluntaria de la profesional embarazada, es el servicio de prevención correspondiente el que presenta una evaluación y la recomendación de la adaptación de puesto".

Al parecer, cuando la adaptación no es posible porque no hay puestos disponibles, el trámite del permiso por riesgo durante el embarazo se realiza a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social o en la Mutua, donde se ve alargado el plazo para la concesión del permiso, dejando al criterio del inspector la resolución del mismo, lo que "puede conllevar una arbitrariedad en su apreciación, variando ampliamente, según el caso, la semana de gestación en la que se concede la baja", añaden desde el sindicato.

Por último, SATSE también ha criticado que "en muchas comunidades autónomas no existen protocolos acordados sobre esta materia y, en las que sí hay estos acuerdos, no se aplican de manera homogénea en todos los centros sanitarios de sus servicios de salud correspondientes, dependiendo de la Gerencia en cuestión su realización y puesta en marcha".