El denominado ‘caso Guerrero’, que investiga los supuestos casos de abuso a un grupo de menores por parte del que fuera vicepresidente del Gobierno y consejero de Sanidad, puede haber entrado ya en la fase final de la instrucción. Según han confirmado fuentes jurídicas, es el propio juez instructor quien así lo cree y opta por cerrar ya esta fase.

Eso no quiere decir que el caso quede archivado. Son cosas distintas. El juez considera que al galeno se le pueden acusar, en estos momentos, de tres presuntos delitos: delito continuado de agresión sexual , un delito continuado de agresión sexual a menores de 16 años y un delito de comunicación con menores con fines sexuales. En función de variables aún por determinar (si hubo o no abuso de fuerza, violencia, intimidación, etc), la pena de prisión podría oscilar entre los cuatro y diez años, según las fuentes consultadas.

El juez instructor ha optado por el cierre de la instrucción después de que uno de los informes de la Guardia Civil sobre los dispositivos telefónicos e informáticos de Guerrero -tanto en su domicilio particular, como en su consulta privada y en la del Hospital- hayan concluido sin material punible. Sin embargo, queda un tercer informe sobre un elemento en concreto.

Exactamente, sobre el teléfono móvil del ex consejero de Sanidad. La Guardia Civil está trabajando sobre este aspecto en concreto. Las acusaciones entienden que la instrucción no puede cerrarse sin conocer si del análisis del móvil de Guerrero pueden encontrarse, o no, otras pruebas. El juez no lo considera imprescindible, y en ese punto se encuentra ahora mismo el proceso

Recordar que, a falta del móvil, son dos ya los informes evacuados por el Instituto Armado. Uno, sobre dispositivos móviles de bastante antigüedad que no encontraron ninguna prueba. El segundo, sobre los equipos informáticos, en el que tampoco paree haberse encontrado nada nuevo, por lo que el juez cree que es el momento de cerrar la instrucción.

Javier Guerrero, detenido el once de enero de 2023, ingresó en prisión dos días después. Tras varios meses en prisión (la mayoría en una cárcel peninsular), fue puesto en libertad tras depositar una fianza, en metálico, de 100.000 euros, entregar el pasaporte y acudir a firmar al juzgado cada quince días.